Competencia acusa a las tabaqueras de formar un cártel para pactar precios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las tabaqueras Philip Morris Spain, Altadis, JTI Iberia y British American Tobacco (BAT) España, así como contra la distribuidora Logista por posibles prácticas anticompetitivas.

En concreto, el expediente, publicado este martes, se refiere a “prácticas concertadas y/o acuerdos de precios y otras condiciones comerciales entre operadores, directamente o a través de terceros, e intercambios de información en el mercado de la fabricación, distribución y comercialización de cigarrillos”.

Las acciones son el resultado de inspecciones en las sedes de varias compañías entre el 28 de febrero y el 2 de marzo

Estas acciones son el resultado de actuaciones iniciadas por la CNMC entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2017, cuando se realizaron inspecciones domiciliarias en las sedes de varias de las entidades mencionadas. A consecuencia de la investigación, el organismo aprecia “indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Ahora se abre un plazo de 18 meses para la instrucción del expediente y su resolución. De demostrarse la existencia de un cártel, se consideraría como una “infracción muy grave”. Además, los acuerdos entre competidores pueden ser sancionados con multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las compañías infractoras en el año anterior a ser multadas.

Logista, controlada por Imperial Brands, ha emitido un comunicado tras hacerse pública la acusación del regulador en el que se compromete a colaborar con la CNMC “en la instrucción del expediente”, mientras señala que “siempre ha actuado con absoluto respeto a la legislación vigente en el desarrollo de sus operaciones conforme a sus planes de prevención y cumplimiento normativo establecidos”, explica la distribuidora, que registró ventas en España por valor de 133,8 millones durante el año pasado.

De demostrarse la existencia de un cártel, se consideraría una “infracción muy grave”

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