Competencia investiga el reparto de obras en el AVE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMV) anunció ayer que ha incoado un expediente sancionador a 25 empresas suministradoras de Renfe, tanto para la red de alta velocidad AVE como para la convencional. El expediente en el que está implicada Renfe se suma a otras actuaciones que ha seguido el organismo que preside José María Marín Quemada sobre esta compañía pública.

En este caso, lo que quiere analizar la CNMC son las presuntas prácticas anticompetitivas en los mercados de construcción y rehabilitación de infraestructuras y edificaciones en España y analizar posibles acuerdos de reparto de mercado entre los principales grupos constructores de obra civil. La Comisión quiere investigar si se han dado prácticas restrictivas de la competencia en el mercado de los sistemas de electrificación y de equipos electromecánicos ferroviarios de la red de alta velocidad (AVE) y de la red ferroviaria convencional.

Según la CNMC, en el 2016 se realizaron varias inspecciones en las sedes de Alstom Transporte y Elecnor. Este año también se inspeccionarán la sedes de Cobra, Semi, Electren y Siemens.

A juicio de la CNMC se dan “posibles prácticas anticompetitivas” que consisten en “el reparto de las licitaciones para la construcción y el mantenimiento de los citados sistemas de electrificación y equipos electromecánicos en las líneas ferroviarias”.

Fuentes de Altsom no quisieron hacer comentarios y se limitaron a señalar: “ Vamos a colaborar en todo lo necesario”. Fuentes de Elecnor indicaron que no tenían más información que la de la comunicación pública de la CNMC. Las mismas fuentes de Elecnor añadieron: “Actuamos siguiendo el código ético”.

Además de las empresas en las que se ha practicado inspecciones hay otro grupo al que también se ha incoado un expediente sancionador como ACS, Comsa Industrial, Delejor13, Cosemel AIE; OHL, Grupo Isolux Corsan; Abengoa, Indra Sistemas; Sacyr o Fuenteblandor.

Según se detalla en el comunicado de la CNMC, las inspecciones suponen un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas. Por lo tanto, el protocolo que seguir es que si como resultado de la inspección se encontrasen indicios de prácticas prohibidas, se procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

Los hechos investigados en tanto que acuerdos entre competidores pueden significar “una infracción muy grave de la legislación de competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras”.

En marzo pasado la Comisión multó a la filial de mercancías de la ferroviaria pública con 65,1 millones de euros –cifra nunca antes vista en una sanción de este tipo– y a varias participadas de Deutsche Bahn (DB) con otros 10,5 millones, por distorsionar este mercado, liberalizado desde el 2005.

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