España es el cuarto país de Europa que más dinero ha comprometido para medidas sanitarias frente al coronavirus. De hecho, la cifra casi duplica la media de la UE, según un informe publicado este jueves sobre la salud en Europa por la OCDE y la Comisión Europea, que pone de manifiesto que Europa no ha sabido hacer frente a la pandemia de coronavirus y señala que los países europeos afectados por el primer brote actuaron cuando ya existía transmisión comunitaria.
Concretamente, España ha invertido 220 euros por persona frente a los 112 de la media de la Unión Europea (con datos de 21 países). En total, se han consignado 10.030 millones de euros -sin incluir lo aportado por las comunidades autónomas- destinados a transferencias regionales, investigación en fármacos y desarrollo de la vacuna y dar soporte el ministerio de Sanidad.
Los presupuestos presentados por los países europeos para hacer frente a la crisis de la COVID-19 varían notablemente: según el estudio, se mueven en una horquilla de entre el 5 % y el 20 % de su producto interior bruto (PIB), en su mayoría dedicado a proteger el empleo y las empresas. No obstante, «el sector de la salud se ha encontrado de manera natural entre los principales receptores de recursos financieros adicionales».
Por delante de España, los que más ha dedicado a esas partidas excepcionales de Sanidad han sido el Reino Unido (446 euros), Alemania (302) e Irlanda (274). Quedan muy por detrás, y por debajo de la media, Francia (108), Italia (101) o Bélgica (75), que también han sido algunos de los más golpeados por la epidemia.
Los sanitarios «en la primera línea de la respuesta» frente al coronavirus
Por otra parte, el documento analiza la movilización de profesionales para hacer frente a la pandemia y cómo se las han ingeniado los sistemas sanitarios para incrementar el número de médicos, enfermeras o celadores durante los meses más complicados. «Más allá del tamaño y la composición del sector antes de la primera ola, los países han incrementado sustancialmente la carga de trabajo de la mayoría de empleados del sector«, destaca el informe, que analiza los métodos empleados por los gobiernos para movilizar a personal adicional en este periodo.
En este sentido, España, como al menos la mitad de los países analizados, comenzó por recuperar a profesionales jubilados o que no estaban en activo ofreciéndoles algún tipo de formación para actualizar sus capacidades. Sin embargo, otros evitaron esta medida para no exponer a una parte de la población considerada de riesgo. En informe pone el foco en que más de 50.000 sanitarios se infectaron en España durante los primeros meses de la pandemia, frente a los más de 30.000 de Francia o Italia y los 15.000 de Alemania.
Asimismo, de nuevo en la línea de los países de su entorno, España movilizó a estudiantes de medicina o enfermería para atender las dudas y preguntas de la población por teléfono y dar apoyo al traslado de enfermos y, tal y, como hicieron dos tercios de los estados que forman parte del estudio, trasladó a trabajadores para atender las necesidades de centros de otras localidades.
Por el contrario, España no siguió a Austria, la República Checa, Italia o Alemania en la movilización de profesionales extranjeros en el país o provenientes de fuera y carecía de un programa oficial de reserva que sí activaron Bélgica, Francia, Noruega o Irlanda.
Las UCI rozaban el total disponible antes de la pandemia
En cuanto a la infraestructura disponible para hacer frente a la pandemia, la OCDE pone de manifiesto la carencia generalizada de camas hospitalarias, equipamiento, suministros y medicamentos para tratar a los pacientes de COVID-19, pero destaca que «las políticas para aumentarlas han ayudado» aplicando «soluciones innovadoras para elevar la capacidad, particularmente en cuidados intensivos».
España, que antes de la crisis contaba con 9,7 camas UCI por cada 100.000 habitantes; e Italia, con 8,6; tenían tasas de ocupación «prácticamente equivalentes al total de las camas disponibles». Por eso, tuvieron que convertir unidades destinadas a otras funciones en espacios para atender a pacientes críticos y recurrir a hospitales de campaña y ayuda militar en el pico de la primera ola. Esto último también lo hicieron Hungría, Rumanía y Eslovenia.
Por lo que respecta a los suministros, el informe señala que «casi todos los países europeos utilizaron contratos de emergencia para poder actuar con más rapidez» y al menos una decena de ellos, entre los que se encuentra España, han recurrido a la compra centralizada. No obstante, apunta el documento, «el desafío es mantener la transparencia de las compras».
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