¿De quién es el enchufe?

El despliegue de la infraestructura necesaria para la implantación del vehículo eléctrico en España, donde todavía tiene una penetración anecdótica, no se hace a gusto de todos. El acuerdo presupuestario PP-PNV para el 2017 incluye un punto dedicado a facilitar la instalación de puntos de recarga públicos. Al menos en teoría, porque las empresas del sector consideran que los cambios son tímidos e inconcretos y, además, perpetúan el gestor de cargas para todos los enchufes de uso público, una figura que, en su opinión, dificulta la instalación, pone trabas al mercado y frena el desarrollo de la electromovilidad.

Según la actual normativa, los puntos de carga de uso público los deben gestionar gestores autorizados. No así los de los garajes privados o comunitarios, que dependen de los propios usuarios. Esta obligación, que tiene su complicación administrativa, es, en principio, tanto para las instalaciones que cobran por la electricidad suministrada como para las que la ofrecen gratuitamente. Sin embargo, hay muchas de estas últimas en aparcamientos municipales, de centros comerciales, hoteles o restaurantes, e incluso en las calles de ciudades, que funcionan anómalamente, sin que detrás haya una empresa reconocida para tal función. Son servicios que se regalan a los clientes de esos establecimientos o que se dan a los ciudadanos para incentivar el uso de este tipo de vehículo.

Por otra parte, de acuerdo con la regulación vigente, para suministrar energía en los puntos de carga públicos –no así en los privados– debe haber una acometida eléctrica específica, aunque allí mismo haya otra con suficiente potencia. Dos ejemplos. A un supermercado no le sirve la potencia ya contratada para su aparcamiento si quiere poner un par de postes para alimentar coches. Debe tener otra aparte con su contador. Una gasolinera puede tener un túnel de lavado con el mismo contrato que el resto de la estación de servicio, pero si quiere incorporar una pequeña electrolinera en un lateral, debe tener otro contrato.

Los acuerdos presupuestarios prevén, en su punto octavo, “revisar la figura del gestor de cargas en el segundo semestre” de este año. Y, detalla, se “facilitará la conexión sin necesidad de nueva acometida”, pero “garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la condición establecida en la ley del Sector Eléctrico de que el servicio sea prestado por un gestor de cargas”. Una de cal y otra de arena. “Por un lado se facilitan las cosas, pero, por otro, se mantiene un impedimento, único en Europa, que frena la implantación del vehículo eléctrico”, lamenta Arturo Pérez de Lucía, director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive).

También se prevé “revisar los peajes de acceso a la electricidad aplicables al término de potencia de las instalaciones de recarga pública”. En este caso, la noticia es buena, según las empresas del sector. Actualmente, un punto de carga de 50 kilovatios, se use o no, tiene un coste anual en término de potencia de 4.000 euros al año. “Lo que se paga en España por este concepto es cuatro veces superior a lo que se paga en Portugal y el doble que en Francia”, lamenta Pérez de Lucía. No se puede bajar esta tarifa ya que es la misma para todos los clientes, sea cual sea su uso, para cargar un coche o un móvil. Pero, apunta el gerente de Aedive, “se podrían dar ayudas directas o fiscales”.

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