La población más vulnerable está en riesgo de «emergencia habitacional». La mayor parte del parque de vivienda social española se vende y acaba en manos privadas. Este sistema de vivienda, que debería proteger a los ciudadanos con menores ingresos, no es capaz de absorber las demandas surgidas de la crisis. Del total de viviendas públicas, el alquiler social sólo representa el 2%, según un informe publicado por la Fundación Alternativas del investigador Francisco Fernández de la Universidad de Sevilla.
En el informe «Gestión híbrida de la vivienda social. Hacia modelos colaborativos de provisión pública al margen del lucro», el autor ha subrayado que la crisis económica que se inició en 2008 puso de manifiesto el «agotamiento» del modelo predominante de acceso a la vivienda en España, basado en la idea de producir vivienda libre en propiedad con objetivo de «alcanzar la máxima rentabilidad». Para el experto, este modelo «no ha permitido», de manera general, satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, y ante situaciones de «falta de acceso a crédito», tampoco la de sectores de clase media.
Explica también que el gasto directo en vivienda pública en nuestro país se ha reducido «drásticamente», lo que supone que el 75 % del desembolso en vivienda se centre básicamente en la inversión indirecta en el sector privado. Entre los principales motivos que están detrás de que las viviendas sociales en España se vendan y no se alquilen, el informe subraya el temor a que se produzcan impagos o los posibles conflictos vecinales que puedan recaer sobre la administración.
Esta tendencia, a su vez, ha hecho que los beneficiarios de estas viviendas no puedan comprarlas sin contar con un crédito. Al entrar en «el juego de las entidades financieras», en caso de no poder hacer frente a los pagos, la deuda de las familias «no sería con la administración sino con las entidades», ha señalado Fernández. De esta forma, lo que en principio se formuló como una solución acabaría ocasionando «problemas de desalojo a familias».
Esta situación contrasta con la que se registra, por ejemplo, en los Países Bajos, donde el 32 % de su «stock» residencial es vivienda de alquiler social, y donde operan las denominadas «Housing Associations», entidades privadas sin ánimo de lucro que promueven y gestionan vivienda social. De hecho, el estudio explica que gracias al «nutrido» parque de vivienda de alquiler social que tiene Holanda, el alquiler privado se ha visto obligado a moderar sus precios.
En esta misma línea, el estudio señala otros países europeos como Austria, que dispone de un 24 % de vivienda social, o Dinamarca, con un 19 %, pese a que la renta «per cápita» de esos países es más elevada que la de España. En este contexto, para paliar esta situación en España, el autor cree que es preciso desarrollar nuevos modelos orientados a lo social que se mantengan al margen del lucro y permitan garantizar una vivienda asequible bajo un modelo no especulativo estable en el tiempo. Para ello, califica de necesario una cooperación entre el sector público, privado y social.
