El Cercle se reúne con Puigdemont y le pide que anuncie la renuncia a la DUI

Discreto e intenso encuentro ayer a mediodía en la delegación del Govern en Girona entre Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, y Juan José Brugera, presidente del Cercle d’Economia, el foro económico más heterogéneo de la burguesía catalana y en el que están poderosamente representados los dos grandes grupos bancarios y varias de las empresas industriales de capital familiar catalán más emblemáticas.

Brugera, que acudió acompañado por el director general del Cercle, Jordi Alberich, transmitió a Puigdemont que la declaración unilateral de independencia (DUI) –contra la cual la entidad ha dado a conocer esta misma semana una nota de opinión– sería “una bomba para la economía catalana”, el pistoletazo de salida para una huida masiva de empresas y que desataría el castigo de los mercados financieros y bursátiles.

El presidente del Cercle transmite a Puigdemont que la DUI es “una bomba para la economía”

Según expuso Brugera, “los propios ciudadanos, con su pánico bancario de los últimos días, retirando dinero, cambiando de cuenta o de entidad, refleja que se han creído que la DUI era posible y se han adelantado a analistas e inversores y han puesto sobre la mesa las consecuencias. Los mercados vendrán después”. También aseguró que la presión de los accionistas de las empresas, más allá de la posición de consejeros y ejecutivos, está siendo enorme.

Según las fuentes informadas sobre el contenido de la reunión, el objetivo de Brugera, que había consultado el mensaje a transmitir con los vicepresidentes del Cercle y algunos miembros más de la junta, era convencer al president de que renuncie a una DUI inmediata y que lo anuncie públicamente antes del reinicio de la actividad económica mañana lunes. Mañana se verá si el vaticinio es o no acertado. Puigdemont no dio a conocer cuáles serán sus próximos pasos, aunque sí explicitó su conciencia de que lo sucedido esta última semana, el anuncio del cambio de sedes sociales de grandes empresas, “es de extrema gravedad”.

Con el encuentro de ayer en el edificio Santa Caterina de la plaza Pompeu Fabra de Girona, culmina una semana de ofensiva abierta de la burguesía catalana contra la DUI, iniciada con el anuncio de los dos grandes bancos, CaixaBank y Sabadell, y seguida por una creciente retahíla de empresas industriales que conforman el núcleo duro de la gran empresa autóctona cotizada y del entorno corporativo de La Caixa. Compañías que, a través de sus consejos, agrupan buena parte de los nombres más conspicuos del empresariado catalán. Una auténtica ofensiva económica contra la DUI.

El president reconoce en el encuentro que la situación tras los cambios de sede es de “extrema gravedad”

La oleada de traslados de sedes empresariales, encabezada por los dos grandes bancos, que ha sacudido la vida económica y política de Catalunya esta semana, se precipitó el pasado martes, tras una reunión en la sede de la Fundación La Caixa entre su presidente, Isidro Fainé, y el vicepresidente y conseller de Economia de la Generalitat, Oriol Junqueras. Un inquieto Fainé le preguntó a Junqueras cuál iba a ser el próximo paso de las fuerzas independentistas tras el referéndum de dos días antes, el 1-O, tan violenta como infructuosamente reprimido por las fuerzas policiales.

Según las fuentes consultadas, Junqueras replicó que lo más probable, teniendo en cuenta la opción en ese momento del president Carles Puigdemont, era que el siguiente lunes (mañana), fecha prevista para el primer plenario del Parlament tras la consulta, posteriormente aplazado veinticuatro horas, hasta el martes, se aprobase la declaración unilateral de independencia (DUI). El banquero le anunció a Oriol Junqueras que eso implicaría que La Caixa cambiase su sede social para llevársela fuera de Catalunya.

Fainé y su colega bancario Josep Oliu, presidente del Sabadell, el otro gran banco catalán, llevaban varias semanas de inquietud creciente. Desde la aprobación en el Parlament de las leyes del referéndum y la de desconexión, en los primeros días de septiembre, la temperatura política había subido muchos grados y, en lo que a la banca se refiere, se había convertido en una gran presión comercial, en forma de retirada de depósitos en el resto de España, y también de creciente temor de los ahorradores catalanes. Acuciaban asimismo las dudas de los inversores, que vendían las acciones de los bancos, provocando caídas de las cotizaciones.

Fainé llevaba semanas manteniendo discretos contactos personales con los altos responsables del Estado y del Gobierno, comenzando por el rey Felipe VI o la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, amén del ministro de Economía, Luis de Guindos.

La conclusión final de Fainé, según las fuentes consultadas, fue que “desde Madrid no iba a llegar ninguna oferta de diálogo y que la vía unilateral, ilegal, sería replicada con el recurso inmediato al artículo 155 de la Constitución”. El financiero obtuvo la confirmación de que el choque definitivo estaba próximo al conocer tanto el contenido del discurso televisado del Rey el martes por la noche, al final de la jornada de huelga general en Catalunya, en el que abogaba por la imposición del orden constitucional, como la confirmación de Junqueras de que la vía de la DUI seguía siendo la opción elegida por el frente independentista.

Fainé y Oliu acordaron es mismo martes sincronizar sus movimientos y anunciar prácticamente a la vez su decisión de reubicar la sede social de los dos bancos. El Sabadell ya había modificado sus estatutos sociales para que una decisión de esa envergadura pudiera adoptarla directamente su consejo de administración, sin pasar previamente por la junta de accionistas, aprovechando un cambio normativo introducido por Guindos en el año 2015. Se da la circunstancia de que esa modificación legal fue implementada por el abogado barcelonés Miquel Roca en contacto con el ministro. Finalmente, al experimentado ex político nacionalista le ha tocado también esta semana levantar acta de la decisión del banco en su calidad de secretario del consejo.

CaixaBank, muy sensible a la repercusión social de sus movimientos y decisiones, renunció en aquel momento a esa opción de modificar preventivamente los estatutos y, sin cambios en la situación legal, debía ahora convocar una junta extraordinaria para modificar los estatutos. Un farragoso proceso de varias semanas durante las que quedaría expuesto al castigo de los mercados, alertados definitivamente con la marcha del Sabadell. También a la presión de la calle.

En previsión de todo ello, Fainé ya había mantenido conversaciones con Guindos para plantear la posibilidad de introducir un nuevo cambio que, en la práctica, dejaría sin efecto los estatutos sociales de las empresas que no los hubiesen cambiado expresamente para mantener la potestad del traslado en el ámbito de la junta de accionistas. Guindos había recibido propuestas similares de otras empresas durante los últimos días y transmitió su acuerdo para poner en marcha el real decreto ley aprobado el pasado viernes y al que CaixaBank se acogió formalmente ayer sábado para aprobar el traslado de la sede a València.

La idea inicial había sido Palma, pues las Baleares formaban parte del nombre original de la entidad creada en 1904, Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, y allí el grupo mantiene diversos servicios operativos y culturales. Pero una posterior valoración sobre cuál sería el efecto sobre la red comercial llevó al cambio en favor de la ciudad de Val`ncia.

Pese a las diferencias desde el punto de vista de la ejecución legal, Fainé y Oliu acordaron reunir los consejos el mismo día, tanto para evitar singularizarse como para dejar claro que el cambio de la sede social obedecía a una causa económica. También para amplificar el impacto público, en un intento de hacer llegar a los dirigentes independentistas que la DUI contaba con el rechazo explícito del gran empresariado catalán. Un terremoto con nuevas réplicas cada día.

El mismo jueves, el presidente de la Fundación La Caixa hizo llegar a través de terceras personas a Puigdemont y Junqueras el mensaje de que el traslado ya estaba en marcha. Oliu habló directamente con el president Carles Puigdemont. Desde entonces, ambos políticos no han comparecido públicamente para explicar su punto de vista sobre la cadena de traslados de sedes que el anuncio de los dos bancos ha desatado. Mientras que en el caso de La Caixa el objetivo era evitar la retirada de depósitos y transmitir a los mercados que en ningún caso quedaría fuera del ámbito de la Unión Europea y de la eurozona, en el de la Fundación el movimiento es aún más preventivo: mientras se mantengan las incógnitas políticas, quedar lejos del alcance de cualquier iniciativa política en Catalunya que pretendiera interferir en el funcionamiento de su patronato.

El viernes, en los consejos de CaixaBank y del Patronato de la Fundación, primer accionista del primero con un 40% de su capital, se produjo cierto debate sobre la idoneidad o no del cambio de sede, pero la opción mayoritaria fue el sí al traslado. Fainé ha expresado en las reuniones en las que ha participado que se “trata de una decisión no querida, tomada con mucho dolor y con voluntad de que sea temporal”, pero que considera imprescindible para asegurar el futuro de la entidad financiera.

Previsiblemente, la presión del mundo empresarial sobre Carles Puigdemont para que evite la DUI continuará mañana lunes. Los comités ejecutivos de Foment, la gran patronal catalana, y de la Cambra de Barcelona se reunirán con un punto del orden del día dedicado al análisis de la actual situación política. Las dos organizaciones gremiales, que presiden Joaquim Gay de Montellà y Miquel Valls respectivamente, ya se han pronunciado contra la DUI. Ahora se plantean actualizar su posición tras los anuncios de cambio de sede de esta última semana.

En el mundo empresarial catalán conviven también sensibilidades más cercanas a las posiciones soberanistas e independentistas. Es el caso de patronales como Cecot y, en menor medida, Pimec, así como Femcat. En esta semana decisiva, también podrían pronunciarse con el objetivo de incentivar una salida a la actual situación de choque institucional. No tienen tanto poder económico como la gran empresa, pero representan un importante tejido empresarial de Catalunya.

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