El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que será debatido este viernes por el Pleno del tribunal, apunta que la norma parte de «unas consideraciones generales favorables», si bien advierte de que algunos de sus contenidos son «inconcretos e imprecisos», como las reglas de la intervención de precios del alquiler, lo que a su juicio previsiblemente tendrá «una incidencia en la carga de trabajo de los tribunales», ya de por sí elevada.
Así lo ha puesto de manifiesto el CGPJ en una nota remitida a los medios, a la que ha tenido acceso RTVE, y que adelanta cuáles son las líneas generales del informe del vocal y exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, que ha sido repartida al resto de vocales del tribunal para que formulen sus observaciones en caso de que lo estimen oportuno antes de su debate este viernes, 14 de enero. Uno de los principales toques de atención al Gobierno es por la «falta de concreción» de los preceptos que determinan la intervención de los precios del mercado del alquiler, una de las medidas estrella de la norma y que fue motivo de confrontación durante meses entre los dos partidos que conforman el Gobierno.
A juicio de Cuesta, «el prelegislador parece haber renunciado a regular mecanismos pre o extraprocesales específicos para asegurar el cumplimiento de las limitaciones», lo cual «deja en manos de los órganos judiciales su exigibilidad y cumplimiento». Esta solución, advierte, «tendrá una incidencia en la carga de trabajo que soportan los tribunales, ya de por sí elevada».
Asimismo, el vocal del CGPJ señala «la ausencia de un mínimo grado de concreción» en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada o en el establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda. «También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda», apunta el borrador, pues requiere «un mayor grado de claridad, por ejemplo, en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado».
Compatible con el derecho a la propiedad
No obstante, la propuesta de informe señala, por otra parte, que el diseño contenido en el anteproyecto para intervenir en el mercado de alquiler de viviendas es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución. La regulación adoptada «no hace irreconocible dicho derecho ni niega la utilidad económica de la propiedad», por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Según recoge la nota de prensa, el anteproyecto analizado define los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda y establece un régimen básico del derecho a la propiedad privada; regula la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones de compra y arrendamiento de la vivienda. Entre otras medidas, incluye las relativas a la información y transparencia en materia de vivienda y suelo y las referidas a la contención de los precios del alquiler y a la modificación de los procedimientos de desahucio, contenidas en las disposiciones finales.
La ley «beneficia a inquilinos y propietarios», según el Gobierno
El Gobierno, por su parte, sigue teniendo como uno de los principales objetivos para este año aprobar la ley de Vivienda. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros de este año 2022 que les una norma «equilibrada» con la que se pretende «fomentar el alquiler a precios razonables» y que «beneficia a propietarios e inquilinos, facilita a los jóvenes la vivienda en alquiler» y que con ella se garantiza el derecho a la vivienda.
El Gobierno asegura que la futura ley de vivienda «beneficia a inquilinos y a propietarios»
