El Congreso ha aprobado este lunes por segundo año consecutivo la suspensión de las reglas fiscales para 2022 ante la persistencia de la pandemia, lo que permite el arranque de la negociación para los Presupuestos del año próximo, que contarán con un techo de gasto histórico de 196.142 millones de euros.
Con 198 votos a favor, 54 en contra y 97 abstenciones, la Cámara Baja ha activado los artículos 135.4 de la Constitución y del 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que permiten aparcar los objetivos de déficit y deuda en situaciones de emergencia extraordinaria.
«Desde ya les anuncio que vamos a mantener abiertas todas las líneas de comunicación para sumar al proyecto de Presupuestos todos los acuerdos que sean posibles, porque impulsar esta recuperación no es solo tarea del Ejecutivo», ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La suspensión no exime de responsabilidad fiscal al Gobierno
En su exposición inicial, Montero ha recordado que la suspensión no exime de responsabilidad fiscal al Gobierno, cuya voluntad es volver a una senda de estabilidad prudente en la medida en que se recupera la situación previa a la pandemia.
No obstante, ha destacado que en solo dos años se va a reducir el déficit público a más de la mitad, desde el máximo del 11 % del PIB alcanzado en 2020 al 5 % del PIB estimado para el cierre de 2022.
En ausencia de reglas fiscales, el Congreso no tiene que dar su visto bueno a unos objetivos de déficit que se convierten en tasas de referencia y que en 2022 serán del 3,9 % del PIB para la Administración Central, del 0,6 % para las comunidades autónomas, del 0,5 % para la Seguridad Social y equilibrio para las corporaciones locales.
Del techo de gasto, del que se informa al Congreso sin que tenga que dar su aprobación, Montero ha destacado que 26.355 millones provendrán de los fondos europeos para la recuperación, lo que permitirá consolidar el crecimiento y la creación de empleo, blindar el Estado del bienestar y construir un país más justo.
También ha recordado que el límite de gasto del Estado incorpora una transferencia de 18.396 millones para el sistema de la Seguridad Social, el 32,1 % más que en 2021.
Críticas de la oposición por la falta de una estrategia fiscal
La portavoz popular Elvira Rodríguez ha anunciado la abstención de su grupo ante una petición cargada de «complacencia, espejismo e irresponsabilidad» que sigue sin estar acompañada del preceptivo plan de reequilibrio de las cuentas públicas.
«¿Qué cómodo es trabajar sin reglas ni compromiso? ¿Qué fácil es fijar una tasa de referencia y un techo de gasto y no hablarnos de los escenarios de recaudación con lo que hay que financiarlos?», ha afirmado la diputada del PP.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha mostrado contrario a que se vuelva a entregar «un cheque en blanco» a la «peor persona» para gestionarlo, en referencia al presidente Pedro Sánchez, y a un Gobierno que «ha perdido el temor al déficit».
El año pasado el Pleno del Congreso avaló la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para 2020 y 2021 por la situación de crisis provocada por la pandemia, pero lo hizo sin PP ni Vox, que se abstuvieron, y sin Foro Asturias, socio electoral del PP, que votó en contra.
Ciudadanos vota a favor «por responsabilidad»
La portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, ha dicho que su partido vota a favor por responsabilidad, pero ha mostrado su preocupación por la falta de una estrategia fiscal a medio plazo y porque el Gobierno ha perdido la credibilidad en la gestión del dinero público, al rescatar por ejemplo a la aerolínea Plus Ultra.
El portavoz de Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha llevado el debate al terreno europeo, porque cree que España se juega su futuro en el diseño de unas nuevas reglas fiscales que permitan verdaderas políticas de estabilización cuando se repita una crisis económica global.
La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha reclamado además una reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que futuras crisis económicas intenten resolverse de nuevo por la vía de la austeridad, como ya se hizo con la crisis financiera.
PNV, EH Bildu, JxCAT o BNG han sacado además a relucir la necesidad de dar más autonomía a los ayuntamientos y mayor margen fiscal a las comunidades autónomas para lidiar con la crisis.
Pistoletazo de salida para las cuentas públicas
La aprobación del techo de gasto supuso el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que el Gobierno presentará a finales de septiembre o principios de octubre, según anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso de apertura del curso político a principios de este mes.
PSOE y Unidas Podemos ya negocian desde hace meses en el seno del Gobierno de coalición las nuevas cuentas públicas, que tendrán como prioridad consolidar la recuperación económica. Para ello, jugarán un papel fundamental los fondos europeos que suponen la llegada de nuevas partidas por importe de 75.000 millones para estos tres años.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya adelantó como ejes prioritarios la negociación sobre la reforma fiscal, garantizar el acceso a la vivienda con medidas que permitan un alquiler asequible, el despliegue de políticas que acaben con la crisis de los cuidados, que garanticen las prestaciones mínimas a la población y que combatan la precariedad laboral.
Montero asume que no podrá cumplir con el déficit que exige Bruselas
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha aplazado hasta 2024 o incluso 2025 la posibilidad de poder presentar a la Comisión Europea una senda de corrección del déficit dentro del límite del 3 % del PIB, umbral sobre el cual las normas fiscales europeas contemplan una especial vigilancia a través de un procedimiento de déficit excesivo.
Así, ha explicado ante el Pleno del Congreso que por mucho que el déficit público para este año caiga del 11 % al 8,4 %, y que en 2022 se sitúe en el 5 %, para 2024 la tasa de referencia que contempla el Gobierno seguirá por encima del 3 %, concretamente dos décimas.
«Será por ese entorno, en el 2024, si es posible aproximándose más al 2025, cuando estaremos en condiciones de presentar ya una senda que retoma ese compromiso con la consolidación fiscal, cara a las autoridades europeas», ha dicho.
Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la Cámara Baja para defender la situación de extraordinaria de necesidad, a raíz de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, que justifica la suspensión de las reglas fiscales.
La Administración central pasará de un déficit del 6,3 % al 3,9 %, un salto, ha incidido Montero, «muy superior al que se pide a la Seguridad Social o a las comunidades autónomas», para las que se prevé un mantenimiento del gasto para hacer frente a la financiación de los servicios públicos de Sanidad, Educación y Dependencia.
