El fraude fiscal evita que se recauden 26.000 millones anuales

El Consejo General de Economistas cifra en 25.648 millones de euros la pérdida de recaudación derivada de la economía sumergida en España, que alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, y ha realizado una veintena de propuestas para combatirlo, entre las que figura la mejora de la forma de trabajar de la Agencia Tributaria.

Según el presidente del CGE, Valentín Pich, en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales, como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, y otros más tangibles, como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos.

Difícil medirlo

El economista y coautor del estudio, Jesús Quintas, ha explicado que hay un problema de definición y de detección, ya que ni los expertos se ponen de acuerdo para definir el concepto de fraude fiscal, si bien la economía sumergida es un “concepto económico” y es algo “oculto” pero puede no generar una repercusión en recaudación significativa, mientras que el fraude fiscal es un concepto jurídico y supone el incumplimiento de las normas de aplicación de los tributos y es “muy difícil de captar por las estadísticas”. De ahí que otros estudios eleven la cifra de fraude hasta los 200.000 millones.

En cualquier caso, Pich ha destacado que todos los informes demuestran que la economía sumergida y la pérdida de recaudación derivada por el fraude fiscal en España está “en línea con la mayoría de países de nuestro entorno”.

Sin “recetas mágicas”

El presidente del REAF-REGAF del Consejo General de Economistas, Jesús Sanmartín, ha indicado que no existen “recetas mágicas” para erradicar el fraude fiscal, por lo que hay que “adaptarse a la realidad porque es muy cambiante”.

Los expertos del CGE han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las que se encuentra mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, instruyendo expedientes administrativos “más sólidos” y reflexionar sobre la posibilidad de aprobar un estatuto para la AEAT.

Mejorar la imagen

En este sentido, Sanmartín ha insistido en la necesidad de facilitar la regularización tributaria de los contribuyentes, con unos costes “sensiblemente inferiores” a los de la regularización por la Administración, y dando facilidades para el pago.

Igualmente, ve necesario mejorar la imagen y fijar objetivos de las administraciones tributarias a medio y largo plazo –aumentando las actuaciones preventivas-, potenciar la educación ciudadana a este respecto, potenciar la utilización de medios electrónicos e intensificar la cooperación internacional.

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