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El Gobierno aprobará este martes el bono joven de alquiler




El Gobierno aprobará este martes en Consejo de Ministros el bono joven de alquiler y el Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025, que incluye 1.717 millones de euros en nuevas ayudas, dirigidas especialmente a los colectivos más vulnerables. El bono busca la «emancipación y el acceso a la vivienda digna» y consistirá en el pago de una cuantía mensual de 250 euros al mes a los jóvenes entre 18 y 35 años que acrediten obtener rentas de trabajo y que cobren un salario inferior a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), situado en los 23.725,8 euros anuales.

Aunque el Ejecutivo tenía previsto incluir el anteproyecto de ley de vivienda en este paquete regulatorio, la falta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial lo ha impedido y solo llegará al Consejo de Ministros un real decreto ley que recoja tanto el plan estatal como el bono joven, según han confirmado a RTVE fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

El plan estatal de vivienda 2022-2025 establece un nuevo paquete de ayudas para la población vulnerable, así como para los promotores de vivienda en alquiler asequible. Para la ejecución del plan, el Ministerio suscribirá convenios de colaboración con las comunidades autónomas y condicionará la financiación estatal a que estas cofinancien las medidas en determinados porcentajes que especifica el texto.

Bono joven vigente durante los próximos dos años

El bono, anunciado por Pedro Sánchez en octubre del año pasado, está dotado con 200 millones de euros anuales y estará vigente durante los próximos dos años. Su objetivo es «facilitar a los jóvenes el acceso al disfrute de una vivienda digna y adecuada en régimen de alquiler», según informa el Ministerio.

Aquellos que reciban el bono podrán optar también a las ayudas del plan estatal. En el caso en el que sean otorgadas las dos ayudas, la cuantía recibida será de hasta el 40% de la diferencia entre el alquiler de la vivienda y la ayuda del bono, con el límite conjunto (la suma de las dos subvenciones) del 75% de la renta del alquiler.

Podrán optar a ello los jóvenes independientemente de si viven solos o en piso compartido, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, calculó que más de 70.000 jóvenes se beneficiarán de la nueva ayuda.

Subvenciones de hasta el 100% de la renta

El plan estatal otorgará «especial atención» a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual, a personas en situación de vulnerabilidad, a personas sin hogar y a los jóvenes.

Con subvenciones de hasta el 100% de la renta en casos de vulnerabilidad sobrevenida y de colectivos especialmente vulnerables, el plan de vivienda abunda en el cambio de modelo iniciado por el plan 2013-2016 hacia el fomento del alquiler con carácter prioritario.

Aunque mantiene la limitación de 600 euros de renta, ampliable a 900, del plan anterior (2018-2021), sube las subvenciones del 40 % al 50 % de dicha renta para familias que ingresen tres veces o menos el Iprem.

También prevé ayudas para que los jóvenes menores de 35 años con ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el Iprem alquilen o compren casas en pueblos de menos de 10.000 habitantes y medidas para aumentar el parque público de alquiler con viviendas cedidas por la Sareb y otras entidades, empresas y particulares.

Establece además subvenciones para los promotores que fomenten los alojamientos temporales, de modelos cohousing o viviendas colaborativas, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares.

Mejorar la calidad de la arquitectura

El Consejo de Ministros aprobará además, en segunda vuelta, el anteproyecto de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido, avalada por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), que ha tenido un papel relevante en su redacción.  Según el Gobierno, esta ley persigue impulsar la calidad de la arquitectura y del entorno construido como elemento básico de la calidad de vida de las personas, promover el acercamiento de la arquitectura a la sociedad y establecer procedimientos de contratación pública ejemplares, que refuercen los valores de la calidad arquitectónica.

Asimismo, pretende contribuir al desarrollo económico y social, a través de la renovación y la mejora de la calidad de la edificación y los entornos construidos, la protección del patrimonio cultural y natural y la modernización de la arquitectura.