El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar el anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que mantiene como principales medidas la prohibición de amnistías fiscales y del «software» de doble uso que permite llevar una doble contabilidad, un mayor control de las criptodivisas y la limitación del uso de efectivo.
La norma, con la que espera recaudar 800 millones de euros al año, ha superado todos los tramites consultivos y ya pasó por el Consejo de Ministros en octubre de 2018, pero la inestabilidad política que dio lugar a celebrar elecciones anticipadas impidió su tramitación parlamentaria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que la lucha contra el fraude logró recaudar 15.715 millones en 2019, un 4,1 % mas que un año antes.
El Ejecutivo también ha decidido bajar el umbral de deuda tributaria de un millón a 600.000 euros para aparecer en la lista de morosos que publica la Agencia Tributaria, con el fin de agilizar el pago de la deuda.
El Gobierno baja el umbral a 600.000 euros para los deudores tributarios
La ley reduce el uso de efectivo de los 2.500 euros actuales a los 1.000 euros entre profesionales y empresarios, mientras que permanece en 2.500 euros para particulares, aunque el objetivo es «ir disminuyendo cuantías» para combatir la economía sumergida. Montero ha destacado que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».
«No se volverá a perdonar a los incumplidores»
Asimismo, quedarán prohibidas las amnistías fiscales, con lo que no se volverá «a perdonar a los incumplidores» a través de regularizaciones de las que habitualmente se benefician grandes fortunas y grandes contribuyentes. Preguntada por la amnistía que el Gobierno de Rajoy hizo en 2012, Montero ha insistido en que nunca se publicaron los nombres, pese a que fue una promesa electoral, porque la ley lo impide.
Así, ha explicado que la norma incluye medidas de «gran calado» que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal y ponen el foco en las fórmulas de fraude «más avanzadas y complejas», que requieren de ingeniería, lo que a su vez precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
A su vez, se reduce de 15.000 euros a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal en el exterior y se transpone la directiva europea sobre lucha contra el fraude fiscal en el marco del programa BEPS para mejorar la transparencia y garantizar que las empresas que trasladen sus activos desde España a otro país tributen aquí por plusvalías que se generen o se mantengan latentes.
Más control de las criptodivisas
Además, se reforzará el control fiscal sobre el mercado de criptodivisas como el bitcoin, de forma que los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior.
Se ampliará el concepto de paraíso fiscal, atendiendo a criterios de equidad fiscal y transparencia, y se podrá actualizar la lista de paraísos para incluir territorios con baja o nula tributación, que se incorporarían como jurisdicciones no cooperantes.
El anteproyecto incluye la transposición de la directiva europea antielusión fiscal, conocida como ATAD, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión que inciden directamente en el mercado interior.
