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El Gobierno propone eliminar los topes de contratos temporales




El Gobierno ha planteado este martes eliminar los límites a los contratos temporales según el tamaño de la empresa, inicialmente con un porcentaje general del 15 % y después con cuotas según la dimensión de la plantilla, con el objetivo de acercar posturas con la patronal y conseguir así un acuerdo tripartito antes de final de año, tal como se ha acordado con la Comisión Europea. No obstante, mantiene que los suscritos para campañas ocasionales solo podrán durar 90 días al año.

Así lo han señalado fuentes de la negociación a RTVE, de acuerdo a la nueva propuesta que ha sido debatida este martes en la mesa de diálogo social en la que Gobierno, patronal y sindicatos negocian la nueva reforma laboral. De esta forma, el Ejecutivo el porcentaje de temporalidad en función del tamaño de la empresa -reflejado en su última propuesta- y lo sustituye por un máximo de días anuales de temporalidad.

Su propuesta rondaría los 90 días al año, señalan las mismas fuentes, una medida que en su opinión está en medio de los que proponen los sindicatos -menos días- y la patronal -que quiere más-. Asimismo, las causas de dicho contrato temporal tienen que estar justificadas, teniendo que haber motivos concretos para ello.

Las negociaciones, que continuarán este viernes, encadenan su recta final, ya que la reforma laboral tiene que estar consensuada antes de final de año, ya que ese es el compromiso del Gobierno con la Comisión Europea para recibir una nueva partida de los fondos europeos. Precisamente el pasado viernes la Comisión Europea autorizaba el primer desembolso de 10.000 millones para España.

Los contratos fijo y fijo discontinuo deben ser los habituales

En lo que respecta a la negociación colectiva, la nueva propuesta plantea que se establezcan planes de reducción de la temporalidad en las compañías. Además, se podrán firmar contratos por circunstancias de la producción por un periodo de tiempo específico y sin poder recurrir a contratas y subcontratas.

Para el Gobierno, los contratos fijo y fijo discontinuo deben ser los habituales, mientras que la contratación de un eventual debe responder a una tarea ocasional no prevista o que necesite un refuerzo específico o un perfil específico. Por ejemplo, la campaña de Navidad tiene que cubrirse con fijos discontinuos, pero si hay más demanda de la prevista y necesitan más empaquetadores pueden hacer contratos eventuales, apuntan las mismas fuentes.

Precisamente sobre los fijos discontinuos, el nuevo texto recoge los criterios en los que se regirá su llamamiento para su incorporación al trabajo, con el traslado por parte de la empresa a los sindicatos del calendario con las previsiones y los datos de las altas de los trabajadores una vez se produzcan. Asimismo, el borrador fija también que la no comparecencia de forma injustificada tras un llamamiento podría entenderse como dimisión.

Se van acercando posturas, según CC.OO.

Tras la propuesta del Gobierno, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha apuntado a RTVE que "se van acercando algunas posturas, que vienen a suponer avances", al tiempo que todas las partes "siguen trabajando con la vista puesta en un acuerdo final" por el que "todos apuestan".

Según han reflejado, "hay consenso en la filosofía y en el esquema de contratación que se perfila en las propuestas que hemos ido construyendo, pero aún existen importantes diferencias para ir cerrando los textos", y han emplazado a la reunión del viernes para seguir con las negociaciones.

La CEOE, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este nuevo planteamiento, rechazó la pasada semana la limitación del número de trabajadores temporales en relación al total de la plantilla y, en su lugar, abogó por mantener la legislación actual y la causalidad tradicional.

Los empresarios defienden un único contrato con seis causas de producción y cuatro causas de sustitución, como son la reserva del puesto de trabajo, las vacaciones, la reducción de jornada y la cobertura de vacante. Del mismo modo, se oponen a la nulidad de los contratos fraudulentos, motivo de discrepancia con los sindicatos.

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