El Gobierno ha presentado este martes a los agentes sociales una propuesta de prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero de 2022, según han indicado fuentes de la Unión General de Trabajadores (UGT) a RTVE.
La ampliación, que se espera que sea aplicada con carácter general a todas las situaciones reguladas en los Reales Decretos anteriores, no se producirá automáticamente y quedará condicionada a que la empresa forme a los empleados.
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Las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre, incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. Una vez hecho esto, la administración tiene que resolverlo en el plazo de diez días, y en caso de no resolución se entenderá desestimada la solicitud de prórroga.
«Este punto, el del silencio negativo, ha generado mucha polémica y genera confusión con la prórroga automática que deberá producirse en el momento de la solicitud», señalan las mismas fuentes.
Condicionan los ERTE a las acciones formativas
«Se vincula el mantenimiento de las exoneraciones de las cuotas de la seguridad social a que la empresa acometa acciones formativas destinadas a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE», indica en el comunicado UGT.
Desde el sindicato señalan que esta modificación sobre las acciones formativas, que deberán ejecutarse entre el 1 de octubre y el 30 de junio de 2022, ha generado dudas «sobre su aplicación, ejecución y financiación».
La propuesta del Gobierno también unifica las exoneraciones y mantiene el 100 % para los ERTE de impedimento, del 50 % para empresas de menos de 50 trabajadores en ERTE de limitación y 40 % las empresas mayores.
Del mismo modo, se prorrogan todas las Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del Real Decreto anterior y las situaciones de fijos discontinuos.
UGT pedirá esta tarde un ERTE de catástrofe para La Palma
UGT ha vuelto a insistir en esta reunión en la necesidad de actualizar el contador a cero de las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados. Asimismo, el sindicato ha presentado al Gobierno la necesidad de regular la situación de los damnificados por la erupción del volcán en La Palma.
Las negociaciones se reanudarán el próximo jueves.
