Las concesiones que el Gobierno tiene en cartera son de amplio espectro. Entre ellas, ya se habían incluido la gestión de la Seguridad Social, aeropuertos, puertos, autopistas y cárceles –estas tres en el caso del País Vasco– se suma ahora la reclamación del nacionalismo vasco y catalán, y de los regionalistas canarios de gestionar la red de Paradores ubicada en sus territorios. Aunque los dos partidos independentistas catalanes, Convergencia y ERC, van incluso más allá y pretenden, directamente, «disolver la empresa» pública y traspasar al Gobierno regional de Cataluña, a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de Baleares la titularidad y todas las competencias sobre los Paradores de Turismo. Si finalmente la compañía estatal fuera troceada solo en algunos territorios autonómicos, se pondría en serio riesgo su viabilidad económica y su entidad societaria, al dividir gestores y beneficios en varias partes, según se extrae de las manifestaciones de todos los gestores de Paradores, que se han negado reiteradamente a privatizar partes de la compañía en los últimos años. El anuncio sobre la posible transferencia al País Vasco se produjo tras una reunión entre Carolina Darias y el consejero vasco, Josu Erkoreka, en que el Gobierno vasco reclamó la titularidad de los dos paradores ubicados en su comunidad autónoma, el de Argómaniz y el de Fuenterrabia. Estas infraestructuras, calificadas como patrimonio nacional, se gestionan entres niveles. Su titularidad pertenece a la Dirección General de Patrimonio –integrada en Hacienda–, que las tiene cedidas a Turespaña –dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la que se ocupa del mantenimiento de los edificios–, y esta, a su vez, derivó la gestión a Paradores. Por su parte, el Gobierno de Canarias – del PSOE– también decidió dar un paso adelante en esta cuestión –antes incluso que el País Vasco, ya que incluyeron un artículo especial en su Estatuto de autonomía.
Publicidad
Beneficios en la cuerda floja
Actualmente, Canarias alberga cinco establecimientos de la red: en El Hierro, La Gomera, La Palma, Las Cañadas del Teide y el de la Cruz de Tejeda. Paradores cerró 2019 con una facturación de 265,5 millones de euros, lo que supone un 3% más que el año anterior y obtuvo un beneficio de 16,8 millones. Unas cifras que se podrían tambalear si el Gobierno no especifica qué cuestiones se incluyen en las transferencias, es decir, en el caso de traspasar la gestión a algunas regiones, qué entidad se encargaría del mantenimiento del patrimonio y cuál de la gestión. Paradores no se ha pronunciado más allá de que «solo explotamos los edificios que nos cede Turespaña, no se decide cuáles se incorporan a la red».
El Partido Popular ya ha mostrado su desacuerdo con las intenciones del Gobierno y pedirá una Comisión informativa en el Congreso. «Desmantelar Paradores es un auténtico disparate», explica Agustín Almodóvar, portavoz de Turismo en el Congreso del Partido Popular en declaraciones a LA RAZÓN. La marca Paradores de Turismo ha servido «para impulsar muchos territorios y es un buque insignia para España». En este sentido, el portavoz del PP insiste en que «se debe mantener la unidad de la marca» y exige que se expliquen «las líneas generales de trabajo que va a desarrollar la red en los próximos años, los planes a corto plazo y la intención de ceder la competencia de gestión y explotación a las regiones». No es la primera vez que los nacionalistas acechan a Paradores. «Siempre que gobierna el PSOE algo pasa», apostilla Almodóvar. «De 2004 a 2012, con este gobierno, la gestión dejaba que desear. A su juicio, este no es más que «otro de los muchos peajes a pagar por Sánchez para mantenerse en el poder». Solo queda esperar hasta junio, cuando se iniciarán estas negociaciones, para conocer el futuro de Paradores.
