El papa Francisco ha promulgado este jueves nuevas medidas anticorrupción que prohíben a los directivos vaticanos la inversión en paraísos fiscales y en empresas que operan en ámbitos contrarios a la doctrina católica.
De esta forma, desde los cardenales jefes de dicasterios -ministerios del gobierno vaticano- hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años, deben garantizar que «todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas«.
A su vez, todo aquel que tenga funciones de administración jurisdiccional tendrá que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirme que «no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción».
Un nuevo ‘motu propio’
Esta serie de medidas han sido introducidas por el papa Francisco en el nuevo motu propio -documento pontificio- publicado este jueves, con el que pretende evitar que se manifiesten «conflictos de interés, los métodos de clientelismo y la corrupción en general» del Vaticano.
La nueva legislación también impide a los directivos del Vaticano aceptar regalos -a razón de su cargo- por valor de más de 40 euros. Tampoco podrán «estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal».
La Secretaría para la Economía del Vaticano revisrá la veracidad de las declaraciones firmadas en papel y en caso de destapar alguna mentira podrá despedir al empleado y reclamar una indemnización por los perjuicios sufridos. Según ha publicado Vatican News, la página web de noticias del Vaticano, esta ley complementa a la medida que aprobó el Papa el pasado 19 de mayo de 2020 para regular las contrataciones públicas en el Vaticano.
Prevenir errores del pasado
Las nuevas medidas llegan en un momento en el que las investigaciones vaticanas han revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker, Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
Unos problemas económicos que se suman a la condena el pasado mes de enero al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, Angelo Caloia, y a su abogado, Gabriele Liuzzo, acusados de apropiación indebida y blanqueo de capitales.
Además, la cadena italiana Rai3 ha revelado recientemente que el A.P.S.A., el organismo de la Santa Sede que se ocupa de la gestión del patrimonio, habría invertido el dinero del Vaticano en la empresa farmacéutica Novartis, que produce la píldora del día después.
Una serie de inversiones «arriesgadas» que no responden a la doctrina social de la Iglesia, la cual enumera exactamente las cosas que se pueden y no se puede hacer, según reveló el exrevisor general de la Santa Sede, Libero Milone, encargado de supervisar la contabilidad de la Curia Romana del 2015 a 2017 y que acabó dimitiendo de su cargo.
