El sector inmobiliario carga sin fisuras contra la nueva ley de vivienda, pactada por los socios de Gobierno: las medidas son “irrealizables” y resulta “injusto” que se considere grandes tenedores a las empresas con más de 10 propiedades. “Estamos muy preocupados, porque todo esto solo está generando mayor confusión en un mercado que ya está muy desequilibrado”, afirma José María Alfaro, Coordinador General de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), en una conversación con RTVE.es.
“Tenemos que crear más oferta y no cambiar las normas del juego, donde unos participantes han invertido y quieren obtener unas rentabilidades”, agrega Antonio Segura, presidente de Alianza Sevilla, la agrupación de inmobiliarias de la capital andaluza. Para otros, la ley atenta contra “los principio básicos de la propiedad y los derechos que tiene cada propietario de hacer lo que quiera con su piso”, en palabras de Lorena Sagarra, de API Fincas Ideal en Zaragoza, en declaraciones a TVE.
Mucha demanda, poca oferta
El presidente de la FAI, José María Alfaro, ubica el origen del problema en el “desequilibrio” entre oferta y demanda en las grandes ciudades: mucha gente busca piso y pocos ponen el suyo en alquiler. La situación empeoró con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limitó las garantías y fianzas exigibles a los inquilinos, según el sector.
“Los propietarios se ven abocados a no poner la vivienda en alquiler, a ponerla en venta o ser muchísimo más selectivo con los inquilinos”, asegura, lamentando los plazos que exige la ley española para desahuciar en caso de morosidad o impago. “Nos interesan mercados estables y equilibrados (…) No buscamos mercados en los que tengas que decir que no a 9 personas y elegir a una. Es muy doloroso”.
Los grandes tenedores
Asimismo, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias critica la falta de claridad de algunos conceptos claves como qué se considerará «zona tensionada» o quienes son los grandes propietarios a los que se les exigirá la bajada de precios. “No estamos nada de acuerdo con que se catalogue como gran tenedor a cualquier empresa que tenga más de 10 propiedades o más. Es muy injusto porque hay pequeñas empresas familiares que se han hecho al cabo de muchos años con un patrimonio inmobiliario y su negocio es gestionar esas propiedades», explica Alfaro, y reivindica la creación de empleo que esto supone.
El Gobierno, en cambio, calcula que unos 150.000 pisos están en manos grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. Apenas 34 entidades (entre bancos, fondos, compañías de seguros y sociedades) gestionan 110.000 de esas viviendas, lo que supone un 4,2 % de la oferta total, según un informe de Atlas Real Estate Analytics, que recoge Efe.
«Experimentos» que traen efectos contraproducentes
Por su parte, Alianza Sevilla recurre a las experiencias de Alemania y Francia para el control de precios para defender la inefectividad de las medidas. “Se consigue bajar el precio del alquiler muy poco, entre un 4 % y un 8 %, pero la oferta de pisos se reduce drásticamente”, asegura su presidente Antonio Segura. Y explica: “la menor oferta y la mayor demanda supone un aumento de nuevo del precio del alquiler».
En la misma línea, desde el portal inmobiliario Idealista, ven la ley como una “mala noticia” para quienes buscan piso y un “error grave” que afectará a toda una década. “El control de precios de alquileres ha supuesto la desaparición del 40% de la oferta disponible en la ciudad de Barcelona y los ciudadanos ya están sufriendo la enorme dificultad que supone ahora encontrar un alquiler en la ciudad”, ha manifestado el portavoz Francisco Iñareta en un mensaje difundido a los medios, en el que compara esta decisión con la normativa que en los sesenta introdujo la ‘renta antigua’, que “arrasó con el alquiler en las siguientes décadas”.
No obstante, el mercado se ha visto afectado de forma significativa por la pandemia y desde la Secretaría de Vivienda e Inclusión Social catalana se muestran todavía cautos a la hora de valorar el impacto de la ley de contención de rentas, un año después de su entrada en vigor, por el «gran efecto distorsionador» de la crisis sanitaria. Por el momento, el número de contratos de alquiler hasta el mes de junio en Cataluña se ha incrementado respecto al mismo periodo de 2020 y el primer semestre de 2019, con cifras ya similares a las del año 2018, mientras el precio del alquiler continúa bajando, según los datos del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat publicados este mes.
También la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) ha subrayado en un comunicado cuáles son, a su juicio, los efectos contraproducentes de “experimentos” como el del proyecto de ley de vivienda: reducción de la oferta, inseguridad jurídica, expulsión de la inversión nacional y extranjera, aparición de economía sumergida… “Con la futura ley, se verán perjudicadas las empresas que invierten y crean empleo en el sector”, sentencia la organización presidida por Juan Antonio Gómez-Pintado, de Vía Ágora.
Las soluciones del sector
“La mejor receta para reducir los precios es aumentar significativamente la oferta, para lo que es necesario llevar a cabo políticas que incentiven la aparición en el mercado de más viviendas”, ha valorado Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
Del mismo modo, desde la Federación de Asociaciones Inmobiliarias apuestan por bonificar a los propietarios que pongan viviendas en el mercado del alquiler sin superar determinados precios y piden un arbitraje autonómico para acelerar los plazos de desahucio en caso de impago.
Inquilinos: «La ley es claramente insuficiente»
El anuncio del pacto de Gobierno por la vivienda también ha levantado reacciones al otro lado, el de los arrendatarios. «Para nosotros es claramente insuficiente. El Gobierno central debería ser valiente e incluir en la ley algunas zonas que claramente ya se puede determinar que están tensionadas para que no dependa de la autonomía», ha afirmado Ricardo Arnedo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Zaragoza en declaraciones a TVE.
El mismo sindicato en Madrid se hace eco en su página web de esta reivindicación y pide que la bajada de precios sea obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de 10 viviendas. “En el caso de Barcelona, donde existen datos oficiales, casi el 70% de los inquilinos tendría difícil beneficiarse de una bajada”, denuncian. «¿Cómo es posible que una entidad jurídica con nueve viviendas en propiedad en un área de mercado tenso, no se vea afectada por la bajada obligatoria?»
Finalmente, las bonificaciones para pequeños propietarios tampoco convencen al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, al considerar que se premia a los hogares con más ingresos. Por ejemplo, “los beneficios fiscales como condición para bajar un 10% el alquiler resultaría rentable para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000 €”, según sus cálculos.
