El Tribunal Constitucional suspende la ley de comercio de Catalunya

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno español contra la ley catalana del comercio, servicios y ferias, por lo que se suspenden de forma cautelar los preceptos de la norma impugnados.

El ejecutivo español recurrió varios artículos de la ley y una disposición transitoria por “vulnerar el orden constitucional” en cuestiones como los horarios comerciales –se imponían cierres a las 21 horas-, la ordenación del comercio interior o el régimen lingüístico de la actividad comercial y de servicios.

Choque en horarios, ordenación y lengua

El alto tribunal español ha decidido suspender el plazo para la presentación de alegaciones por parte de la Generalitat mientras esté en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución, “para evitar un conflicto” en la defensa de los intereses del Estado y de Catalunya.

Según el Gobierno, los artículos impugnados “vulneran el orden constitucional, tanto en los aspectos relacionados con los horarios comerciales y la ordenación de comercio interior como en lo que se refiere al régimen lingüístico de la actividad comercial y de servicios”.

También se considera que la ley catalana “vulnera” la ley española de horarios comerciales e “incumple” la Ley de Ordenación del Comercio minoristas en materia de promociones comerciales, al orientar sobre el periodo de rebajas.

Imposición de idiomas

Sobre el régimen lingüístico, el Gobierno español impugna la ley catalana para la regulación del régimen lingüístico que regulan el ejercicio de la actividad comercial y la prestación de servicios y las infracciones leves, respectivamente.

El Ejecutivo alega que, “de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, no se puede imponer la obligación de uso de cualquiera de las lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas”, ni tampoco establecer un régimen sancionador por ello. El TC remarca en una nota de prensa que la admisión a trámite del recurso y la suspensión cautelar no suponen una adelanto del pronunciamiento del fondo de la cuestión.

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