La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, califica de «primera reacción en caliente» la respuesta de las eléctricas sobre la reforma del sistema eléctrico, sostiene que «era una necesidad anunciada» por las turbulencias en los precios internacionales del gas que empuja el precio de la luz a niveles récord.
En una entrevista en TVE, la vicepresidenta tercera ha explicado que el Gobierno ha hablado con las eléctricas, pero que «no teníamos un paquete que negociar con ellas» y que su reacción es natural porque no van a tener tantos beneficios como esperaban. Argumenta que la prioridad del Ejecutivo es «minorar el impacto sobre los consumidores».
La responsable ministerial ha anunciado que se reunirá con las compañías «en unos días» para analizar lo que se ha aprobado en el decreto y ha insistido en que las medidas «más intensas tienen un carácter temporal y provisional».
El sector eléctrico ha rechazado las medidas «intervencionistas» del Gobierno para rebajar el precio de la factura de la luz, mientras que las nucleares amenazan con parar de nuevo su producción si el Ejecutivo sigue adelante con el proyecto de ley, como ya hicieron en junio.
Autorización para cerrar las nucleares
Ribera ha aclarado que el eléctrico es «un sector muy regulado» y las nucleares no pueden cerrar sin la autorización del operador del sistema Red Eléctrica para asegurar el suministro.
La vicepresidenta ha señalado que las medidas adoptadas respetan los umbrales de rentabilidad que se acordaron cuando las empresas firmaron el calendario de cierre de las plantas.
Las nucleares piden que la norma no sea retroactiva porque los reactores serían inviables por la «excesiva presión fiscal», que se une a los 3.000 millones de euros que los operadores de las plantas tienen previsto invertir hasta su cierre en 2035.
«El PP no tiene más estrategia que decir a todo que no«, ha criticado Ribera, que ha añadido que habría que preguntarle al principal partido de la oposición si le preocupan los ciudadanos o los beneficios de las eléctricas.
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios hasta marzo de 2022, un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros. Se trata de una de las ocho medidas para frenar la escalada de los precios energéticos y los costes del CO2.
