Exaccionistas del Popular demandan al banco ante la Audiencia Nacional

Apenas dos días después de la intervención del Banco Popular y de su venta exprés al Santander la madrugada del pasado miércoles, la judicialización del caso es una realidad. Exaccionistas y exbonistas del Popular hasta el pasado martes han acudido ya a los tribunales para intentar recuperar sus pérdidas. Al menos dos despachos de abogados presentaron ayer sendas demandas en la Audiencia Nacional y un tercero denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la expropiación de los accionistas perpetrada presuntamente por el Banco Central Europeo (BCE) y la institución creada para solucionar las crisis bancarias.

Son sólo los primeros pasos de una batalla legal que se presume larga y masiva al haber alrededor de 300.000 exaccionistas que esta semana han perdido la totalidad de su inversión e intentarán que sean los tribunales los que les devuelvan todo. Pero llegarán muchísimas más reclamaciones. Los demandas o querellas, según la estrategia procesal escogida en cada caso, se basan principalmente en la actuación de los antiguos gestores del Popular –tanto del consejo presidido por Emilio Saracho, presidente hasta el martes, como el de Ángel Ron, que abandonó su cargo en febrero– y en la resolución decidida por el BCE.

La primera vía es muy clara desde el punto de vista argumental: el Popular estaba mucho más enfermo de lo que admitía y faltó a su obligación de informar al mercado de su situación real. Si lo anterior puede demostrarse como cierto, la ampliación de capital realizada en junio del 2016, en la que el banco captó 2.500 millones de euros –buena parte de ellos, entre los propios clientes y empleados–, podría ser fraudulenta. En ese caso, el Santander, como propietario actual del Popular, tendría que hacerse cargo de las devoluciones de las cantidades aportadas por cada inversor, más los intereses legales, y los exgestores del banco, junto con el auditor PwC, podrían afrontar también responsabilidades civiles o penales.

Entre los grupos de accionistas que seguirán esta estrategia se encuentra Félix Revuelta, fundador de Naturhouse, que ha perdido unos 45 millones con el Popular. Revuelta ya pidió en la junta de accionistas del banco del pasado febrero que los minoritarios se agruparan para defender sus intereses. En las semanas siguientes creó una plataforma y ahora quiere plantar batalla.

“Tenemos unos 1.600 accionistas, muchos de ellos con paquetes muy pequeños, y también algunos inversores, como la familia chilena Luksic o la mexicana Del Valle”, dice el empresario. “Aún estamos evaluando lo ocurrido, pero entendemos que el Santander tendrá que negociar una compensación porque la ampliación de capital no se hizo bien”, añade. Por último, Revuelta apunta hacia el consejo del banco y la CNMV por lo ocurrido con la acción de la entidad en las últimas semanas, “con una manipulación evidente del valor y asimetría en la información”.

El segundo gran frente judicial afectaría al BCE, la Junta Única de Resolución y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Los abogados que han visto supuestas irregularidades en la gestión de la crisis del Popular sostienen que el banco no era inviable ni, mucho menos, tenía un valor negativo de entre 2.000 y 8.200 millones como aseguró el misterioso informe –que no es público– del asesor independiente contratado para realizar una valoración del banco en sólo 48 horas.

En contraste con lo anterior, no falta quienes han aplaudido la operación, como el FMI o José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. También el mercado, que desde el momento de la adjudicación del Popular por un euro ha premiado al Santander con una revalorización del 5,5% en bolsa. En el plano político, como siempre, hay disparidad de opiniones. Luis de Guindos, ministro de Economía, Industria y Competitividad, anunció ayer que comparecerá el lunes en la Comisión de Economía del Congreso para explicar la operación. La tesis del Gobierno es que la gestión de la crisis, aunque dolorosa para los accionistas, ha sido impecable y se ha logrado resolver sin hacer pagar a los contribuyentes.

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