Hacienda lanza una operación contra la economía sumergida de productos chinos

La Agencia Tributaria ha iniciado este jueves una operación contra la economía sumergida entre distribuidores de productos chinos en toda España. Para ello se han realizado entradas y registros en más de 60 naves de polígonos industriales de 11 comunidades autónomas, entre los que se encuentran Cobo Calleja en Madrid, el Carrús en Elche y Badalona Sud en la ciudad del mismo nombre, según fuentes de este organismo.

Más de 300 funcionarios de la Agencia Tributaria, repartidos en distintos departamentos de la institución como inspección, equipos de fraude organizado de la ONIF, unidades de auditoría informática y de vigilancia aduanera, están realizando registros que se extenderán a lo largo de todo el día de hoy, y en paralelo se están llevando a cabo actuaciones inspectoras sobre varias decenas de sociedades y sobre algunos de los socios o administradores de dichas empresas.

Se trata de la quinta inspección de la Agencia sobre productos chinos

Esta nueva operación es la quinta que realiza la Agencia Tributaria sobre productos chinos sin declarar, tras las realizadas en 2013, 2014 y 2016. Precisamente la llevada a cabo en noviembre de 2014 en Madrid, bajo el nombre de operación ‘Juguetes’, es la que ha permitido iniciar las investigaciones de la nueva actuación realizada este jueves en los polígonos industriales de toda España.

En aquella ocasión, la Agencia Tributaria, con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, desmanteló una organización internacional dedicada a la importación y comercialización de mercancías originarias de China, responsable de la comisión de múltiples delitos contra la Hacienda Pública, contrabando, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsedad en documentos oficiales y mercantiles y contra la propiedad industrial e intelectual. El importe total del fraude fiscal cometido superó los 100 millones de euros.

La organización importaba mercancías originarias de China para introducirlas en la Unión Europea, declarando valores en aduana inferiores a los legalmente establecidos, así como no declarando íntegramente las ventas interiores de las mercancías, defraudando de esta manera a la Hacienda Pública tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades.

La organización importaba mercancías chinas declarando valores en aduana inferiores a los legalmente establecidos

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