La administradora concursal pide al juez la liquidación de Unipost

Eulàlia Folguera, administradora concursal de Unipost, pidió el pasado viernes al juez a Raúl García Orejudo, titular del juzgado mercantil 7 de Barcelona, que inicie el proceso de liquidación de la empresa de servicios postales. Unipost está en concurso de acreedores desde el pasado verano y ya cuenta con un expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado para sus más de 2.200 empleos directos, que se aplicará parcialmente -para 500 de ellos- en los próximos días. La solicitud de liquidación se debe a que la administración concursal constata el deterioro de la compañía y no confía en que logre un nuevo socio. Por eso, para evitar que salgan perjudicados los acreedores, pide la liquidación.

Ante esta iniciativa, la empresa controlada por una rama de la familia Raventós se opondrá. El juez deberá escuchar sus argumentos y decidir si continúa con el trámite ordinario del concurso o abre la fase de liquidación. Fuentes próximas a Unipost aseguran que la compañía es viable si duplica el número de trabajadores a los que se les aplica de forma inmediata el ERE. “Con el reequilibrio de gastos e ingresos y una congelación salarial para la plantilla es perfectamente posible concretar la entrada de un socio”, explican las fuentes. Todo depende ahora del juez, que deberá tomar una decisión en los próximos días.

Unipost suspendió pagos en julio por los problemas de liquidez a los que se vio abocada tras seis años continuados en pérdidas. La deuda de la empresa supera los 50 millones de euros. Desde su fundación, a principios de la década pasada, Unipost ha encontrado muchas dificultades para consolidarse por la competencia de Correos. Ahora, la compañía ha visto, además, empañada su imagen por su participación en envíos postales relacionados con el referéndum del pasado 1 de octubre y los registros policiales, como el del pasado viernes.

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