La Audiencia de Madrid ordena reabrir la investigación por blanqueo de Rato

La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado parcialmente el archivo acordado por el juez Antonio Serrano Arnal de la parte de la investigación que afectaba al blanqueo de capitales del exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato.

En un auto, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra el archivo de una de las piezas separadas abiertas en la causa sobre los fondos irregulares de Rato, tras un informe aportado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Fraude a la Hacienda Pública

En concreto, la Sala considera que debe seguir investigándose el blanqueo de capitales que haya podido ser cometido por las actividades económicas de las sociedades Vivaway y Kradonara aunque entiende que no hay base suficiente para investigar un delito de cohecho, tal y como reclamaba la Guardia Civil.

Según el criterio del tribunal, existen indicios suficientes de que Rodrigo Rato “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero utilizando como testaferros a sociedades fiduciarias, sin actividad social conocida, y cuyo fin último se adivina sin esfuerzo que era defraudar a la Hacienda Pública mediante el envío a dichas sociedades de cantidades de dinero que permanecían de este modo oculto al Fisco y, posteriormente, estas cantidades defraudadas han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades”.

Practicar nuevas diligencias

Los magistrados consideran que esta conducta puede “ser constitutiva de blanqueo de capitales y debe ser investigada”, y en consecuencia ordenan al juez instructor practicar las diligencias de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de dicho delito.

Serrano Arnal había acordado el archivo de la parte de la investigación sobre Rato que afecta a un posible blanqueo de capitales a través de empresas familiares durante su época como ministro de Economía. No obstante, ya mantenía abierta otra gran parte de la investigación por el blanqueo de su patrimonio personal.

30 millones de euros en la mira

Tras la revocación de la Sala, el instructor debe ahora analizar el informe de la UCO en el que se señalaba que los 30 millones de euros que facturaron las empresas de la familia Rato durante el Gobierno de José María Aznar fue por el papel activo del propio Rato. La cifra que la UCO ponía bajo sospecha era en total 82 millones de euros de entre 1998 a 2013, incluyendo así el periodo en el que fue director del Fondo Mundial Internacional (FMI).

Según la Guardia Civil era Rato quien ordenaba desde su puesto como ministro de Economía y vicepresidente del Gobierno a las empresas en que participaba el Estado que contrataran a las sociedades de él y su familia.

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