La crisis del Popular reabre el debate sobre el marco bancario europeo

De puertas afuera, todo son felicitaciones y palmadas en la espalda por la rapidez con que la Unión Europea actuó para atajar la crisis del Banco Popular. Su intervención de madrugada y venta en cuestión de horas al Santander por el precio simbólico de un euro fue “la solución menos mala”, la “menos dolorosa dadas las alternativas”, afirman fuentes del Gobierno español. La resolución de la crisis del Popular deja, sin embargo, muchas cuestiones abiertas sobre la eficacia del nuevo marco europeo de supervisión europea y ha reabierto el debate sobre la aplicación de la directiva comunitaria de resolución, aprobada en la fase más dura de la crisis financiera. El asunto fue debatido ayer en Luxemburgo por los ministros de Economía de la zona euro junto con la presidenta del consejo de supervisión bancaria europea, Danièle Nouy, adscrito al Banco Central Europeo.

La normativa europea sobre resolución bancaria obliga a imponer pérdidas a los accionistas y bonistas júnior (preferentistas) y, en los casos más graves, incluso a inversores sénior y depositantes (más allá de los 100.000 euros protegidos por ley), extremo que no ha sido necesario con el Banco Popular. Las normas fueron estrenadas con la entidad española la semana pasada mientras el Gobierno italiano se revuelve como gato panza arriba para evitar que se apliquen al Monte dei Paschi di Siena, Banca Popolare di Vicenza o Veneto Banca, entidades que llevan meses en la cuerda floja.

El Eurogrupo discute la resolución del Popular, primer banco intervenido por la UE

Aunque parecía que el mecanismo se pondría a prueba con alguno de ellos, Roma pactó con Bruselas una recapitalización preventiva del MDPS que evitó aplicar pérdidas a los preferentistas, inversores sénior y depositantes y busca una solución similar a las entidades venecianas en apuros con el argumento de que aplicar plenamente la directiva europea provocaría una reacción de pánico que desestabilizaría todo el sector. Italia busca aliados en el Eurogrupo para suavizar la directiva europea. Alemania, sin embargo, se niega a revisarla, en contra de lo publicado por la agencia Reuters a raíz de unas reflexiones sobre la directiva de resolución de cámaras de compensación ( clearing houses), a cuyos inversores –que se presume informados de los riesgos– se les niega protección en caso de crisis.

La intervención del Popular llegó después de que avisara de que se había quedado sin efectivo para abrir sus sucursales al día siguiente. La entidad tampoco tenía colateral de calidad suficiente para obtener más liquidez de emergencia del BCE. “Desde el punto de vista de la supervisión bancaria, están haciendo sus propias reflexiones”, afirman fuentes del Eurogrupo. La experiencia del Popular, sostienen, va a tener “un impacto importante” en Frankfurt.

España propone dotar al mecanismo de resolución europeo de un fondo de liquidez

Llegados a esa situación de absoluta falta de liquidez, el BCE asegura que ni siquiera llegó a examinar la solvencia de la entidad. La intervención para su inmediata reventa era la única solución. Con la cesión a Frankfurt de los poderes de supervisión y resolución bancaria a la UE, el Gobierno español ha participado como mero espectador pero ayer planteó cambios en el funcionamiento de la Junta Única de Supervisión. El organismo debería contar con su propio instrumento de liquidez, planteó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos. “Se ha puesto de manifiesto en este caso concreto que es una necesidad para que la Junta Única de Resolución pueda manejar los tiempos de manera adecuada”, explicó. Un fondo de liquidez ayudaría a ganar margen de maniobra en circunstancias en que, por definición, toca actuar contra reloj.

La directiva estaba pensada para, en caso de crisis, intervenir el banco un viernes para tener el fin de semana por delante para tomar decisiones. Con el Popular hubo que reaccionar en una noche. “Todo estaba preparado para actuar el viernes”, pero la falta de liquidez obligó a acelerarlos planes, reconoció Guindos. La resolución de la entidad ha evitado la inyección de fondos públicos para socorrer a sus inversores, como se hizo en el 2012. La mejor situación de la economía española, la prima de riesgo y la existencia de potenciales compradores, afirman fuentes del Gobierno, pudieron pesar a favor de la decisión europea de liquidar el Popular. El temor a una crisis financiera de envergadura en Italia es todavía la clave de muchas decisiones europeas.

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