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La Eurocámara aprueba la reforma de la Política Agrícola Común




El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este martes la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para 2023-2027 y ha puesto fin, con este voto, a tres años y medio de negociaciones en la Unión Europea (UE).

La Eurocámara ha ratificado el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la UE sobre la nueva PAC, que primará más las medidas medioambientales dentro de las ayudas agrícolas y que vinculará las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales y otorgará a los Gobiernos más margen en la aplicación de esta política. El objetivo principal de esta reforma es convertir la PAC en una norma «más ecológica, justa, flexible y transparente», según explican desde el Parlamento Europeo.

La normativa ha sido calificada durante su debate como la reforma de la PAC más ambiciosa en los últimos 30 años; afecta a diez millones de empresas agrícolas de la UE, a 695.000 beneficiarios españoles y contará con un presupuesto de 386.000 millones de euros para el campo comunitario, 47.724 millones para España.

El pacto establece que al menos un 10% de los pagos directos tendrán que estar destinados a pequeñas y medianas explotaciones. Para conseguirlo, los Estados miembros podrán crear un pago extraordinario o también podrán optar por reducir progresivamente los pagos a partir de los 60.000 euros por explotación y limitarlo a 100.000 euros.

En el debate de la Eurocámara que ha tenido lugar antes del voto, el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha prometido a los eurodiputados «total transparencia» y ha garantizado que hará públicas las cartas con observaciones que enviará a los gobiernos tras un primer análisis de sus planes para que incluyan mejoras en los mismos.

Nuevos regímenes ecológicos

La otra gran novedad de la PAC que se aplicará a partir de 2023 será la introducción de los nuevos regímenes ecológicos o ecoesquemas, un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer obligatoriamente a sus productores, aunque estos podrán decidir si se acogen a ellos o no.

Estas nuevas ayudas buscan compensar a aquellos agricultores y ganaderos que adopten prácticas beneficiosas para el medio ambiente que sean más ambiciosas de los requisitos obligatorios y su dotación mínima fue precisamente el principal punto de desencuentro en las negociaciones entre eurodiputados y Estados miembros.

El acuerdo final ha optado por un punto intermedio entre las pretensiones de ambas partes y establece que se tendrá que dedicar un 25% de las ayudas directas a estos nuevos regímenes ecológicos. Los Veintisiete, que eran menos ambiciosos, lograron establecer una serie de cláusulas de flexibilidad y pactaron fijar un periodo de aprendizaje de dos años el que se podrá destinar solo un 20% a los ecoesquemas, entre otras cuestiones.

Mayor vigilancia de los derechos laborales en el campo

Una de las claves de esta norma busca que haya un mejor cumplimiento de la normativa laboral. Según sostiene el Parlamento, se controlará mejor la normativa laboral de la UE en los sectores agrícolas y se sancionarán las infracciones gracias a la cooperación entre los inspectores del trabajo nacionales y los organismos pagadores de la PAC.

La información sobre los beneficiarios finales de las ayudas será más transparente gracias a una herramienta de extracción de datos de Bruselas, a la que los estados miembros tendrán acceso y que ayuda a identificar el riesgo de fraude que se produce mediante la verificación cruzada de la información en bases de datos públicas.

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