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La juez condena 131 controladores y a AENA por la huelga de 2010

La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, por un delito de abandono de servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, así como al gestor aeroportuario Enaire -antes AENA– como responsable civil subsidiario.

En su sentencia conocida este jueves, la magistrada absuelve, en cambio, a dos de los acusados por la Fiscalía, uno de ellos por quedar acreditado que su baja labral respondía a una realidad crítica, y el otro es el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y cara visible del colectivo, César Cabo, por ausencia de pruebas en su contra, ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia.

El fallo, que contempla como atenuante las dilaciones indebidas que ha sufrido el proceso, también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil, y que deberán abonar de forma conjunta y solidaria los acusados junto con la entidad pública ENAIRE.

Contra la resolución, cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia de Madrid en el plazo de diez días. 

Abandonaron sus puestos como «mecanismo de presión laboral»

La magistrada ha concluido que, «en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca».

En el juicio, un total de 119 acusados pactaron con el fiscal y reconocieron que abandonaron sus puestos de trabajo. Tras el acuerdo, seis de los procesados han sido condenados a siete meses de multa con  cuota diaria de 150 euros; otros seis, a siete meses de multa, a  razón de 100 euros y seis más, a diez meses de multa, con una cuota  diaria de 100 euros. El resto de los acusados ha sido condenado a cinco meses de multa, a razón de 100 euros.

Durante el juicio, el actual portavoz de USCA, Daniel Zamit, aseveró que no se hizo ninguna huelga y culpó al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de «montar un follón» para justificar la militarización del aeropuerto.

Sin embargo, para la magistrada queda «probado» que se trataba de una «acción concertada ideada por el colectivo de los controladores como protesta ante la publicación del Real Decreto que afectaría sus condiciones laborales» y que se publicó el 3 de diciembre de 2010 a las 21:26 horas.

Y recuerda que la actuación de los controladores no solo afectó a los ciudadanos que no pudieron viajar en el puente de diciembre de 2010, sino que también se derivaron graves consecuencias económicas para el turismo de la Comunidad de Madrid.

Los hechos

En el escrito del fiscal se recogía que la Junta Directiva y delegados locales del sindicato USCA plantearon el modo de actuar para ejercer presión sobre AENA y el Gobierno de España, acordando que, a partir del turno de tarde del día 3 de diciembre, todos o la mayor parte de los controladores que estuvieran dispuestos a seguir la protesta, firmaran la declaración jurada a que se refiere el art. 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea».

«Así, entre las 17:00 horas y las 17:15 horas (hora local), la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra, en el que cada uno a su manera, alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo. La presentación del formulario obligaba, según la citada Ley y el protocolo existente, a la dirección de AENA a la sustitución inmediata de dicho controlador».

Es decir, que 119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo, organizada por la Junta Directiva y delegados sindicales de USCA, con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica.

Si bien el resto de controladores de tránsito aéreo no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquellos que presentaron el formulario del art. 34, 4 de la Ley de Seguridad Aérea y los que no entregaron dicho formulario, aunque se ausentaran de sus puestos de trabajo sin justificar su ausencia o acudieran a sus respectivos destinos para controlar lo previsto en el Convenio de Chicago.