La justicia dictamina que todos los países de la UE deben aprobar los pactos comerciales

La Unión Europea no puede cerrar los nuevos acuerdos comerciales, que van más allá de las cuestiones arancelarias y cubren aspectos como la contratación pública o el desarrollo sostenible, sin el visto bueno de los parlamentos de los Estados miembros, dictaminó este martes el Tribunal de Justicia de la UE.

La sentencia, que servirá de modelo para otros pactos de libre comercio, se refiere en particular al tratado negociado con Singapur, y en concreto determina quién tiene competencia para firmar y ratificar ese pacto comercial.

La UE, sin competencia exclusiva

Según el tribunal, la UE no tiene competencia exclusiva sobre las disposiciones del acuerdo relativas a las inversiones extranjeras distintas de las directas ni sobre el arreglo de controversias entre inversores y Estados. Ello implica, añade la corte, que el pacto con Singapur solo puede ser celebrado “por la Unión y los Estados miembros actuando de común acuerdo”.

Esta sentencia será un referente para otros acuerdos “de nueva generación”, como los que la UE negocia con Vietnam y Japón o el firmado con Corea, pero no al CETA acordado con Canadá, que se aplica provisionalmente desde enero a expensas de que lo ratifiquen los Parlamentos nacionales de los Veintiocho.

El dictamen no afecta al CETA

El 20 de septiembre de 2013, la UE y Singapur firmaron uno de los primeros pactos bilaterales de libre comercio “de nueva generación”, que regulan no solo la reducción de los derechos de aduana y de los obstáculos no arancelarios, sino también la protección de la propiedad intelectual e industrial, las inversiones, la contratación pública, la competencia y el desarrollo sostenible.

La Comisión Europea pidió al tribunal que aclarara si la Unión tiene competencia exclusiva para firmar y celebrar por sí sola el acuerdo con Singapur. Mientras el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara creen que son los únicos competentes, el Consejo y algunos Estados miembros opinan que ello no es así, porque algunas partes del pacto son competencia compartida con los Estados miembros o incluso competen solo a los países.

Los Estados discrepaban

El Tribunal dio la razón a los Estados miembros y precisó que la competencia es compartida solo en dos aspectos del acuerdo: las inversiones extranjeras distintas de las directas (inversiones “de cartera”, realizadas sin intención de influir en la gestión y el control de una empresa) y el régimen de arreglo de controversias entre inversores y Estados.

También compete solo a la Unión la parte sobre la protección de las inversiones extranjeras directas de ciudadanos de Singapur en la Unión y viceversa, los derechos de propiedad intelectual e industrial o la lucha contra las actividades contrarias a la competencia y para regular concentraciones, monopolios y subvenciones. Además, la Unión es la única competente en materia de desarrollo sostenible.

Las inversiones extranjeras, motivo de disputa

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