Una de las alternativas elegida por los bancos españoles para recuperar la rentabilidad perdida a raíz de la crisis financiera de 2008 han sido las fusiones. A través de estas operaciones, las entidades financieras, demasiado ligadas al ciclo económico, reducen una parte importante de sus costes, a la vez que se aseguran una mayor presencia en el mercado.
Hace una década, en España operaban más de 60 entidades, además de otras tantas cajas rurales, pero la acusada caída de beneficios y el retraso en la subida de tipos en Europa desde 2011 han reducido el número a su mínima expresión. Hoy son prácticamente una docena los bancos que han sobrevivido a la onda expansiva generada a raíz de la caída de Lehman Brothers, allá por 2008, y todo apunta a que la cifra se reducirá hasta ocho, consecuencia directa del desplome de beneficios generado por la pandemia.
Esto se traduce en una mayor concentración bancaria, ya de por sí elevada respecto a nuestros vecinos europeos. Mientras que en Alemania y Reino Unido los cinco grandes bancos concentran solo el 31,2 % del total de activos, en Italia el 47,9 % y en Francia el 48,7 %, en España más del 67 % de los activos bancarios al cierre de 2019 estaban en manos de las cinco principales entidades (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell), porcentaje que se disparará hasta el 70,6 % en el caso de que se materializasen las fusiones CaixaBank-Bankia y BBVA-Sabadell, según los datos recopilados por Analistas Financieros Internacionales (Afi).
Ante este contexto, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, ha asegurado que “el sistema financiero español se encuentra en un grado medio-bajo de concentración en comparación con el resto de países europeos” y, por ello, ha defendido la consolidación bancaria como palanca para “reducir costes y mejorar la rentabilidad” de las entidades financieras.
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Sin embargo, la realidad es que el sector bancario español se aproxima al nivel de Eslovaquia (75,7 %), Croacia (79,8 %) o Finlandia (80,4 %), países que apenas cuentan con un millar de sucursales frente a las 24.000 españolas. De hecho, de seguir en aumento, España corre el riesgo de deteriorar la competencia de su sistema financiero.
Desde el Banco de España descartan, por el momento, esta posibilidad. Para la subgobernadora, “la baja rentabilidad del sector y las dificultades para lograr mejoras vía aumento de precios y comisiones, son indicativos de una elevada competencia”. En su opinión, corresponde a otras autoridades determinar si una mayor consolidación puede tener efectos negativos respecto a la competencia, pero bajo su punto de vista “existiría todavía cierto margen” para continuar con las fusiones.
Menos sucursales y más desigualdad
Al riesgo en los mercados, se unen otros efectos colaterales como el cierre de sucursales y la progresiva desaparición de establecimientos de algunos territorios, principalmente en las zonas rurales. “La desbancarización del territorio es la cara B del proceso de la reestructuración bancaria a la que asistimos y que hereda la acaecida en la anterior crisis financiera de la década pasada”, asegura la presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), Patricia Suárez.
“La desbancarización del territorio es la cara B del proceso de la reestructuración“
En 2008, España era el país europeo con un mayor número de oficinas bancarias, con 46.065. Esta cifra suponía el 24,7 % del total de la zona euro y el 19,4 % de la Unión Europea (UE). Doce años más tarde, el número de sucursales ha disminuido a prácticamente la mitad, tal como recogen las estadísticas del Banco Central Europeo (BCE). La cifra se sitúa también lejos de las 35.000 de finales de los 80, antes de que se eliminasen las trabas que les impedían abrir sucursales en el resto de las comunidades autónomas a las cajas de ahorros.
Para Suárez, esta desbancarización supone “un paso más para crear una brecha digital y financiera entre los clientes menos acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías o los más necesitados de asesoramiento financiero, es decir, tanto el segmento mayor como el más joven de la población”.
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La situación más crítica se produce en los municipios que han perdido la única oficina bancaria que tenían: es el caso de 4.194 localidades españolas, según un estudio de Federación Fine con datos del INE y el Banco de España. Los municipios sin oficina bancaria se han incrementado un 17,4 % desde 2008, cuando la cifra era de 3.571, mientras que el número de habitantes sin oficina ha crecido un 41,7 % en dicho periodo, hasta 1,3 millones de españoles (el 2,8 % del total).
El informe identifica a Castilla y León como la comunidad más afectada por la exclusión financiera, pues no disponen de banco el 79,1 % de sus municipios y más del 15 % de la población. A su vez, se trata de la región donde existen más municipios (188) con una sola oficina bancaria.
“La situación de emergencia creada por el COVID -añade Suárez- ha acelerado los procesos de digitalización de la banca que, aun siendo una tendencia necesaria y que valoramos positivamente, están dejando atrás a toda una generación”.
Desde Asufin, conscientes de esta realidad, impulsan un programa de educación financiera y digital para intentar ayudar a los consumidores a gestionar mejor sus finanzas personales. Otras entidades, como Bankia, tratan de paliar los efectos de los cierres de sucursales (definitivos y temporales) con oficinas móviles que recorren los pueblos que carecen de acceso a éstas. Es el caso del ‘Ofibus’. Este servicio da la posibilidad de retirar efectivo, realizar ingresos o pago de recibos e impuestos a sus clientes, evitando desplazamientos y quebraderos de cabeza a sus clientes.
Menos empleados pero más comisiones
El progresivo cierre de oficinas, además de debilitar la atención personalizada al cliente, también ha repercutido en el número de empleados. El ajuste de la banca se ha traducido en un recorte de 97.000 puestos de trabajo desde el inicio de la crisis, cuando el sector daba empleo a unas 240.000 personas. Solo durante este año unos 7.400 trabajadores han salido o van a salir a través de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Todo ello sitúa a España como uno de los países con una de las redes de sucursales de menor tamaño de la Unión Europea: apenas hay cinco o seis empleados por cada sucursal, frente a los 120 trabajadores por sucursal con los que cuenta Luxemburgo, según el BCE.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, mostró esta semana en los micrófonos de RNE su preocupación por la «magnitud» de destrucción de puestos de trabajo que pueda derivarse de la fusión entre BBVA y Banco Sabadell. Y las que están por llegar.
Álvarez pidió a las entidades financieras que sean «conscientes» del esfuerzo que hicieron los ciudadanos en la anterior crisis para sostenerlas, por lo que ahora “no pueden volver en esta crisis con más despidos y destrucción de empleo”. “Vamos a trabajar desde UGT en BBVA y Banco Sabadell para que eso no se produzca», afirmó.
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En la misma línea, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su preocupación por el impacto que la nueva oleada de consolidación bancaria puede tener en el nivel de competencia y en el acceso a los servicios financieros en España. Según advierte, a raíz de estos procesos podrían verse incrementados los precios de los servicios financieros a medio y largo plazo.
Entre los efectos inmediatos para los clientes, OCU ha apuntado que los usuarios con fondos en ambas entidades ya no tendrán 200.000 euros protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, sino 100.000, al ser una única entidad.
Otra inmediata consecuencia será el aumento de comisiones, que ya se está produciendo en las principales entidades financieras. BBVA recientemente ha anunciado que empezará a cobrar desde el próximo 1 de enero a sus clientes una cuota de dos euros cada vez que retiren dinero en efectivo en ventanilla por un importe inferior a 2.000 euros. Una comisión que ya cobra CaixaBank por retirar efectivo en ventanilla, aunque en este caso las cuatro primeras operaciones están exentas.
Santander, por su parte, aplica una comisión de 240 euros anuales a sus clientes menos vinculados. Mientras que la filial española de ING cobrará diez euros al mes de cuota de mantenimiento a sus clientes si no tienen domiciliada su nómina o si acumulan un saldo superior a 30.000 euros.
¿Hay solución?
Desde OCU explican que el objeto de esta comisión es desincentivar las operaciones en ventanilla en favor del uso de cajeros automáticos por el ahorro de costes que supone para el banco. “Pero la realidad -añaden- es que este tipo de prácticas resulta un elemento más de exclusión financiera de muchas entidades hacia las personas mayores y consumidores vulnerables”. Es por ello que la organización va a realizar una consulta al Banco de España para que se pronuncie sobre la procedencia de esta nueva práctica.
“El Banco de España no puede hacer nada al respecto“
Respecto al cierre de sucursales, la normativa del Banco de España no puede impedir que un cliente se quede sin oficina de proximidad en la que poder operar. Según la presidenta de Asufin, “es una cuestión de política comercial de la entidad, que se enmarca dentro de su ámbito de actuación discrecional en el mercado” por lo que “excede de las competencias” del regulador.
“Quedarnos sin el establecimiento de proximidad de nuestro banco y no poder elegir una alternativa adecuada es una de las muchas consecuencias que trae consigo la concentración bancaria. Y el Banco de España no puede hacer nada al respecto”, recalca. Por este motivo, deben ser los clientes, tal como traslada el supervisor, los que deban valorar el modo en que se prestan y, con ello, decidir la entidad con la que inicien o mantengan sus relaciones financieras.
