Buena parte del crecimiento económico a medio plazo de Cataluña pasa por las inversiones que el Estado tiene previsto ejecutar en los próximos años. Una de ellas era la ampliación del aeropuerto de El Prat, en la que el Gobierno pretendía invertir 1.700 millones de euros, los cuales se traducirían en el aumento de hasta dos puntos en el PIB catalán. La cifra incluiría la creación de 185.000 puestos de trabajo -45.000 de ellos directos-, el incremento de hasta un 38 % en el número de pasajeros o el ingreso de hasta 25.000 millones de euros adicionales por el gasto de turistas.
Sin embargo, tras la paralización este miércoles de dicho plan por la falta de consenso, todas estas cifras quedan ahora en el aire. “La inversión propuesta para Barcelona queda en suspenso hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad regulatoria», señalaba este jueves el presidente de Aena, Maurici Lucena, quien estimaba un periodo de hasta cinco años para volver a retomar su ejecución, en el caso de que “las circunstancias en Cataluña hayan cambiado” y, al mismo tiempo, exista “un sustrato político que ve más adecuada esta inversión».
Lo cierto es que, hasta esta semana, tanto el Gobierno como la Generalitat apostaban por realizar esta inversión, pese a las diferencias estratégicas en el seno de los dos ejecutivos (PSOE y Podemos, por un lado; ERC y JxCat, por otro) y de la flagrante oposición de las organizaciones ecologistas. La medida principalmente consistía en la ampliación de la tercera pista de El Prat para acoger un «hub intercontinental» de vuelos, tal como reclamaban desde hace años las patronales y el sector con el fin de reactivar la castigada economía de esta autonomía.
En total, 1.700 millones de euros de inversión que elevarían el peso de El Prat en el PIB de Cataluña del 6,8 % hasta el 8,9 %. A estos habría que añadir un aumento de la capacidad total del aeropuerto de 20 millones de pasajeros -de los 52 millones de 2019 a los 72 millones con la pista ampliada y la nueva terminal satélite en funcionamiento-, que dejarían unos ingresos por los gastos de los turistas de más de 25.000 millones, en caso de que se mantuvieran los ingresos por turista previos a la pandemia.
Creación de 50.000 empleos directos
Estos números proceden de un estudio que Aena encargó a un equipo de la Universidad de Barcelona (UB) y que fue publicado en el mes de junio. El mismo recoge un aumento de empleos directos por la actividad aeroportuaria del 43 %: de los 38.100 registrados en 2018 a los 54.700 en el caso de que se produjese dicha ampliación.
Jordi Suriñach, catedrático de economía aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) y coordinador del informe, señala a RTVE.es que recogen “todo tipo de actividad que se desarrolla en el aeropuerto: desde la gente que trabaja en Aena y en las propias compañías aéreas, a todo el tema de servicios comerciales que se prestan a los pasajeros, órganos de administración, empresas de mantenimiento y de seguridad”.
A estos habría que añadir otros casi 28.400 empleos directos que se crearían a través de la puesta en marcha del nuevo parque empresarial y logístico que incluye la expansión de El Prat y que supone liberar nuevos espacios en el aeropuerto de Barcelona para generar nueva actividad económica. En total, por tanto, la cifra rozaría los 45.000 empleos directos.
El fracaso de la ampliación de El Prat cierra la puerta a 1.700 millones de inversión
“Se preveía también la construcción de una ciudad aeroportuaria que permitirá la instalación de muchas actividades industriales logísticas que bajo su paragüas generarían una actividad económica nueva en el ámbito de la industria aeronáutica, pero también de la logística”, añade Suriñach, lo cual permitiría la creación de hasta 2.000 empleos directos que durante diez años estarían dedicados a su construcción.
Impacto económico también en el resto de España
La ampliación del aeropuerto también tenía un impacto positivo en la economía española, apunta a RTVE.es el coordinador del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frederic Mertens. “No solo era positiva para Cataluña; también para España y, a nivel interno, también aportaría beneficios a toda la zona del arco mediterráneo”, recalca.
Según el informe de la UB, la ejecución de las obras habría supuesto un incremento en la facturación en España de 28.000 millones de euros y una contribución al PIB español de 14.000 millones, mientras que se crearían más de 184.600 puestos de trabajo en todo el país -pasando de los 267.603 actuales a 452.228-. “Si se comparan estas magnitudes con las referidas exclusivamente a Cataluña se observa que, aproximadamente, el 75 % del impacto generado se queda en Cataluña y el 25 % se distribuye en el resto del Estado”, apunta el texto.
En este sentido, añade Mertens, “aunque a primera vista se piense que podría tener un impacto negativo sobre Madrid, lo cierto es que, de manera indirecta, de cara a la economía internacional, sí podría impactar de forma positiva”.
Sin olvidar los ingresos fiscales para el Estado que aportaría la ampliación del aeropuerto, sobre todo gracias a la recaudación del IVA: de 7.500 millones en 2018 a 12.900 millones de euros, un 72 % más. “Los datos tienen en cuenta no solo el conjunto de actividad directa del aeropuerto, sino también la turística y otra actividad más intangible como que una mayor conectividad genera más empresas que deciden localizarse en Cataluña, también una mayor facilidad de movilidad y, por tanto, mayores importaciones y exportaciones”, explica el profesor de la UB.
Un freno a la llegada de inversores y turistas a Europa
Con todo, los expertos consultados consideran que las obras de ampliación del aeropuerto de El Prat de Barcelona, desde el punto de vista económico, eran beneficiosas. “A nivel económico parece claro que sí tiene unos efectos positivos, otra cosa es que hay otras dimensiones que los agentes están analizando o están poniendo pros y contras sobre cada uno de ellos”, apunta Suriñach.
Además de la oposición de las organizaciones ecologistas, el plan seguía a la espera del visto bueno de la Comisión Europea, que se había mostrado escéptica con que el proyecto de ampliación no especificaba qué ocurrirá con la reserva natural de ‘La Ricarda’, un espacio protegido por la red Natura 2000 y de especial valor medioambiental en Cataluña por su papel en los procesos migratorios en las aves.
No obstante, el profesor de Relaciones Internacionales apunta que su suspensión “puede provocar un impacto negativo en el seno de la Unión Europea”, ya que la decisión “puede ser considerada como un freno a la llegada de inversores potenciales o de turistas”. Y es que, a su juicio, la decisión no solo se tendría que haber abordado desde la óptica española: “Solo debido a la europeización no podemos tratar esa cuestión económica desde una única perspectiva nacional”, concluye.
