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La suspensión de la ampliación de El Prat, una «victoria» para las entidades sociales




Apenas un mes después de ser anunciada por sorpresa, la inversión millonaria para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha quedado suspendida por diferencias entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Esta paralización, que también ha llegado sin previo aviso, supone una «primera victoria» para Zeroport, la plataforma que aglutina a un centenar de entidades sociales y ecologistas contrarias a la ampliación.

«Este proyecto tiene un amplio rechazo de la sociedad, incluso dentro de las filas de todos los partidos. Ha hecho efecto la presión social», asegura a RTVE.es María García, portavoz de la organización. La ampliación de la tercera pista de El Prat para acoger un «hub intercontinental» de vuelos, como anunció el Gobierno, despertó las críticas de las entidades sociales por su contribución a un aumento de las emisiones y por el impacto que tendría en una zona natural protegida cercana al aeródromo, el entorno de La Ricarda.

A las críticas se sumaron también Unidas Podemos, que ha celebrado también la suspensión, y la CUP, que llegó a calificar la ampliación de «atentado climático». PSOE y JuntsxCat defendieron el proyecto por su beneficio económico, ya que supondría la creación de 85.000 puestos de trabajos y el aumento de dos puntos del PIB catalán. Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha mantenido una postura ambigua que en los últimos días, conforme se supo más sobre el impacto en La Ricarda, ha virado hacia una oposición al proyecto de Aena.

Oposición social y oposición interna en el Gobierno español y el catalán

Ecologistas en Acción, también contraria a la ampliación, cree que las principales causas detrás de la paralización son «la suma de la oposición social y la oposición interna, de Podemos en el Gobierno español y la CUP en el catalán«. Así lo defiende Jaume Grau, portavoz de la asociación, quien cree que este paso atrás busca también «desinflar» la manifestación convocada para el próximo día 19 de septiembre contra el proyecto.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, había anunciado que acudiría a esta movilización y que incluso podrían hacerlo miembros del Govern, lo que acabó de decidir la posición del partido independentista sobre el proyecto. Este miércoles la ministra de Transportes Raquel Sánchez, durante el anuncio de la suspensión, señaló directamente este cambio de criterio.

Las últimas declaraciones de Aragonès y de Vilalta han «sorprendido muchísimo», por lo que el Gobierno considera que se ha «quebrado» el pacto alcanzado en agosto «por una pérdida de confianza manifiesta». «Es imposible llevar a buen término un proyecto de envergadura como este sin un apoyo nítido y sin fisuras por parte de la Generalitat», declaró la ministra.

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Los sindicatos CC.OO. y UGT han calificado de «desastre» el anuncio y han reclamado la reapertura de las negociaciones «sin la batalla partidista». «Se puede hacer perfectamente compatible las inversiones en infraestructuras con el respeto al medio ambiente garantizando el necesario cambio de modelo productivo hacia uno sostenible», ha asegurado Javier Pacheco, secretario general de Comisiones en Cataluña.

Se mantiene la manifestación del 19 de septiembre

A pesar del freno al proyecto, Zeroport mantiene la convocatoria a la manifestación, ya que «siguen vigentes» el resto de sus demandas, defiende García. Entre ellas, la paralización de otros planes que según el Ejecutivo siguen en pie, como la ampliación de la capacidad aérea de los aeropuertos de Reus y Girona y la conexión por AVE entre ellos. También plantean un plan de redimensionamiento de Aena que incluya el cierre de aeropuertos deficitarios y la eliminación de vuelos cortos. 

«Si todo el mundo está de acuerdo en que el cambio climático es una emergencia, no se pueden plantear políticas diametralmente opuestas a esta lucha», señala Grau. Critica que la base de la ampliación, la inversión de 1.700 millones que plantea Aena, es «política ficción», ya que la empresa público-privada «no tiene dinero» y propone este proyecto para contentar los «intereses de los inversores internacionales que siguen una política especulativa».

Los contrarios a la ampliación subrayan que la reducción del tráfico aéreo provocada por la pandemia se mantendrá durante años debido a la profundización de la crisis climática. «La misma Agencia Internacional de Transporte Aéreo (IATA) no tiene claro cuando se recuperarán los vuelos, o si lo harán. Hablan de 2026, pero hay una crisis energética muy potente: se acaba el petróleo barato y los costes tan bajos de los vuelos», augura el portavoz de Ecologistas.

Para García, la movilización se mantendrá, ya que, más allá del proyecto barcelonés, hay una «crisis de modelo profunda» que se pretende rescatar con «pelotazos» como el de El Prat o la posible candidatura de Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.

Se manifestarán también contra otras ampliaciones aeroportuarias, como la de Barajas, anunciada el mismo día que la de El Prat, aunque se desconocen más detalles, y la de Palma de Mallorca.

«Satisfacción» por la protección de La Ricarda

El aeródromo barcelonés, el segundo más transitado de España tras el de Barajas, se ubica en una zona de alto valor ecológico y en la «tercera zona húmeda» más importante de Cataluña, el delta del Llobregat, señalaba en agosto a RTVE.es el catedrático de Ecología en la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Pino. Concretamente, a pocos metros del límite del aeropuerto se encuentra la valiosa laguna de La Ricarda, uno de los pocos humedales que resiste en esta urbanizada zona al sur de Barcelona.

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El proyecto suponía la invasión de parte de esta zona, protegida dentro de la Red Natura 2000. «Lo que desde fuera se ve como una charca de patos, como alguien ha dicho alguna vez, solo es la punta del iceberg de un sistema hidrogeológico muy interesante y muy complejo», subrayaba Pino.

Ahora, una vez se ha conocido la paralización, el experto de la UAB se muestra «satisfecho como ciudadano» pero pide cautela, ya que todavía no se sabe si saldrá adelante la ampliación. «Pensemos bien qué implica el proyecto, hay que hacer un análisis estratégico sobre cuál es el impacto potencial», reclama a las instituciones.

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