Las comunidades aceptan prorrogar la ayuda a parados de larga duración

El acuerdo entre el Ministerio de Empleo y los responsables autonómicos de esta cartera desencalló ayer el acceso de nuevos beneficiarios al plan Prepara, destinado a parados de larga duración. Gracias al apoyo unánime de las comunidades, esta ayuda de entre 400 y 457 euros que ya han recibido 954.000 personas (casi 120.000 en Catalunya) queda prorrogada
hasta el próximo 30 de abril.

Ahora el Gobierno ha de aprobar un real decreto donde se rebaja el límite del 18% de tasa de paro para continuar este programa y, gracias a la cesión “extraordinaria” de las autonomías, el Servicio Público de Empleo Estatal ( SEPE) podrá continuar gestionando las nuevas solicitudes, que estaban congeladas desde el pasado 15 agosto. Esta cesión se produce después de que a finales de julio una sentencia del Tribunal Constitucional declarara ilegal la gestión y el pago centralizado de estas ayudas. A pesar de que hace unas semanas, desde la conselleria de Treball se opusiera a prestar esta competencia reconocida por el Constitucional, Catalunya rectificó su postura inicial y respaldó la prórroga, mediante el voto delegado al representante de la Comunitat Valenciana. En todo caso, el secretari general de Treball, Josep Ginesta, argumentó ayer que se trata de “una cesión temporal y extraordinaria, por razones sobrevenidas”.

El ministerio se compromete a invertir hasta 1.000 millones más en políticas de empleo en tres años

Además, ministerio, autonomías y agentes sociales disponen de menos de ocho meses para discutir sobre cómo unificar los distintos programas para parados de larga duración. En este periodo, Empleo revisará cómo hacer compatible el Prepara con la renta mínima, tal y como reclama entre otras comunidades Catalunya para aliviar el coste de estas ayudas.

El bloque formado por la gran mayoría de comunidades no gobernadas por el PP (incluida Catalunya), muy beligerantes en las últimos meses, ha respaldado también la distribución de una partida adicional en el 2017 de 167 millones de euros (en Catalunya, 23,5 millones) para políticas activas de empleo. Dicha distribución quedó en el aire el pasado julio por la oposición de diez autonomías. Esta decena de autonomías ha presionado para sacar adelante la modificación de indicadores sobre las políticas activas, que se tienen en cuenta a la hora de repartir fondos de las comunidades autónomas.

Así, queda suprimido el incentivo a la participación en la activación de parados de las agencias privadas de colocación o el cheque formación –acordado en el pacto de legislatura del PP con Ciudadanos–. Dentro del Plan de Garantía Juvenil, gana más peso el número de inscritos frente a la ejecución del programa. Según explicó el conseller de Treball de Baleares, Iago Negueruela, la Estrategia de Activación para el Empleo 2017-2020 –que ayer recibió la luz verde en la sectorial– recoge además un compromiso del Gobierno para alcanzar en los próximos tres años el gasto en los desempleados a niveles del 2011. “Calculamos que son unos 1.000 millones más de aquí al 2020”, señaló.

Por otro lado, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se reúne hoy con los líderes sindicales y de la patronal Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC.OO.), Juan Rosell (CEOE) y Antonio Garamendi (Cepyme) con la intención de “impulsar el diálogo social,” según el Gobierno. En paralelo, ayer la patronal y los sindicatos mayoritarios volvieron a la mesa de negociación para empezar a hablar sobre el incremento salarial en el 2018, una vez quedara enterrada cualquier posibilidad de diálogo para este año.

Loading...