Expertos jurídicos que han visto los documentos internos del Banco Popular, en el proceso de venta tras la liquidación, calculan que las demandas de los clientes podrían superar los 1.500 millones. La intervención del banco supuso la amortización de las acciones, lo que significó poner a cero su valor, así como lo emitido en bonos contingentes convertibles (denominados cocos en argot financiero) y en deuda subordinada.
Según estas fuentes, el Popular vendió a los pequeños accionistas unos 1.500 millones de la ampliación de capital que alcanzó los 2.500 millones en total. Esta operación se cerró en junio de 2016. Además, de las diferentes emisiones de cocos, unos 700 millones también se colocaron en las oficinas. De la deuda subordinada, otros 400 millones están entre los pequeños clientes. Según estos cálculos, la red distribuyó unos 2.600 millones entre acciones y activos financieros cuyo valor ahora es cero. Nadie sabe cuántas reclamaciones llegarán, pero los expertos consideran que es fácil que superen los 1.500 millones solo de pequeños clientes. “Hoy en día los jueces condenan con facilidad a los bancos en las demandas de los ahorradores”, lamentan fuentes financieras.
Además, de los minoristas, están los inversores institucionales. Según estas fuentes, los fondos y grandes corporaciones podrían argumentar la falsedad del folleto de la ampliación de capital. Los minoristas, además de estos datos maquillados, podrían argumentar que desconocían la naturaleza concreta de los productos, en referencia a los cocos y la deuda subordinada.
Los despachos ya han empezado a moverse. Accionistas minoritarios del Popular, agrupados en la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional una demanda contra los gestores del Popular. Lean Abogados ha constituido una plataforma de afectados, que también se están creando en regiones como Andalucía o Euskadi. La OCU presentará el lunes ante la Audiencia otra querella por la pérdida del valor de las inversiones. “Confiaron en una información auditada, pública y supervisada que se ha revelado finalmente muy alejada de la realidad”, dice. Otras asociaciones de consumidores como Asufin y Adicae trabajan en querellas.
