Las empresas piden informes y elaboran planes de contingencia

La inédita situación por la que atraviesa la economía catalana disparó ayer la actividad de muchos de los actores implicados, ya fueran despachos de abogados, cámaras internacionales con presencia en Barcelona o la propia Conselleria d’Empresa. El titular del Departament d’Empresa, Santi Vila, creó ayer un comité de crisis integrado por el secretario general de Economia, la directora general de Indústria y la directora general de Acció. El objetivo: dar respuesta a las dudas planteadas por las empresas que operan en Catalunya.

En el caso de los despachos de abogados, las consultas legales se habían incrementado ya en los últimos meses, pero se han disparado enormemente desde el pasado domingo. Son consultas en las que piden informes sobre multitud de aspectos jurídicos relacionados con Catalunya.









“En septiembre, muchas multinacionales nos pidieron informes sobre la ley de Transitoriedad y el decreto del referéndum”, comenta el socio de un despacho mercantilista con sede en Barcelona. “Ahora –prosigue el experto–, el 1-O ha provocado una avalancha de peticiones sobre fiscalidad, los trámites para cambiar la sede social y otras cuestiones, como los depósitos bancarios, los contratos, etcétera”.


Las preguntas a los despachos de abogados y a las cámaras internacionales se disparan

La respuesta siempre es la misma: nada de lo que está sobre la mesa tendrá efectos inmediatos. “Pero el miedo es libre y las empresas se mueven, como las personas, por sentimientos”, dicen en otro despacho. “No damos abasto con tantas consultas, pero ¿sabe qué? Sólo un 10% de mi trabajo es realmente jurídico: el resto es explicar lo que está pasando y cómo. En realidad, nada cambia, al menos por ahora”, añade la misma fuente.

La actividad de consulta se ha intensificado también entre las cámaras comerciales que agrupan los intereses del vasto tejido multinacional instalado en Barcelona. Philippe Saman, director de la Cámara de Comercio Francesa en Barcelona, admitía ayer desde París la intensificación del número de consultas. “En el escenario de nuestras empresas no entra estar fuera de la ley. Cualquier escenario es factible excepto el estar fuera de la UE”.

Las empresas preguntan también por el impacto comercial de algunas decisiones que se puedan tomar en los próximos días. “Hay empresas de aquí y de fuera que nos preguntan cómo proteger sus ventas de bienes o servicios ante los consumidores que no quieran tratos con firmas con sede en Catalu­nya. Lamentablemente, hay gente que actúa así y a no pocos directivos les preocupa la situación”, explican en un tercer despacho consultado. Los despachos buscan soluciones, como cambiar el etiquetado o facturar desde otras sedes en España o en el exterior.









Algunos expertos no descartan un efecto llamada, aunque los juristas advierten que no todo es como parece: “Técnicamente hablando, cambiar la sede es un absurdo, porque no cambia nada. Además, el domicilio social no es el fiscal, y una empresa que sigue desarrollando su actividad en Catalunya seguirá tributando allí aunque cambie su sede”, concluye uno de los abogados citados antes.









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