Este jueves arranca en Bruselas la cumbre de los líderes europeos, en principio centrada a valorar cómo enfrentarse a la segunda ola de la pandemia, pero que ahora protagonizará el veto de Hungría y Polonia al presupuesto plurianual de la Unión y al Fondo de Recuperación por la crisis del coronavirus.
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha achacado este veto a un «malentendido», porque el mecanismo que vincula el desembolso de ayudas europeas al respeto del Estado de derecho no está pensado específicamente para estos dos países, y ha urgido a encontrar una solución, puesto que el plan anticrisis es una «necesidad imperiosa» para el bloque.
Según el acuerdo del Consejo Europeo de julio, España recibirá unos 140.000 millones de ese fondo creado para afrontar la crisis económica, de los que 72.700 millones serán en ayudas directas y el resto en créditos.
Así se ha expresado en una rueda de prensa tras la reunión por videoconferencia de los jefes de la diplomacia de los Veintisiete. «Yo creo que parte de un malentendido, que es que es un mecanismo para garantizar el Estado de derecho en Europa sea un mecanismo que busque dirigirse contra Estados miembros específicos. No lo es», ha defendido.
Laya defiende los «mismos» criterios para evaluar a todos los países de la UE
El pasado lunes los gobiernos ultranacionalistas de Hungría y Polonia cumplieron su amenaza y rompieron con la unanimidad necesaria para aprobar el paquete de recuperación. «Hungría ha vetado el presupuesto, como había advertido el primer ministro (Viktor) Orbán, porque no podemos apoyar el plan en su forma actual para vincular los criterios de Estado de Derecho a las decisiones presupuestarias. Va en contra de las decisiones del Consejo de julio», aseguró en redes sociales el portavoz del primer ministro magiar.
Ambos países rechazan el mecanismo que permitirá suspender el desembolso de fondos europeos a los países que no respeten los principios del Estado de Derecho, pero al no poder vetar este acuerdo -que se aprueba por mayoría cualificada- han bloqueado el resto del paquete de recuperación.
«Los mecanismos relativos al Estado de derecho en Europa han sido construidos de manera no discriminatoria para que todos los Estados miembros, subrayo ‘todos’, puedan y cumplan con su obligación de proteger el Estado de derecho en la UE», ha explicado.
González Laya ha subrayado que los criterios para evaluar el Estado de derecho en los socios comunitario son «los mismos» para todos y por tanto, ha mostrado su confianza en que «aquellos que hoy son reticentes», en referencia a Polonia y Hungría, «puedan unirse al consenso».
La ministra ha recordado que el fondo de recuperación es una «necesidad imperiosa» para toda la UE, también para Polonia y Hungría como «les están diciendo los empresarios». En consecuencia, «lo urgente es desencallar esta negociación», ha dicho.
El BCE también apremia para la aprobación de los fondos
También ha resaltado la urgencia de este plan de recuperación la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, quien este jueves ha llamado a poner en marcha «sin demora» el Fondo de Recuperación para hacer frente a una segunda ola de covid-19 que «afectará severamente» a la economía de la eurozona.
En una comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara, Lagarde ha abogado por mantener «tanto tiempo como sea necesario» las condiciones de financiación favorables que proporciona el BCE y ha instado a los Gobiernos a complementar esta acción con políticas presupuestarias de apoyo a la economía.
En este sentido, ha subrayado que el Fondo de Recuperación pactado por la Unión Europea en julio, dotado con 750.000 millones de euros, facilitará recursos adicionales para poner en marcha estas medidas, especialmente «en aquellos países de la eurozona con limitado espacio fiscal».
Desde Polonia, el parlamento nacional ha dado este jueves su visto bueno al veto que ha ejercido el país sobre los fondos europeos. Por 236 votos a favor frente a 209 en contra, la cámara ha aprobado la proposición del primer ministro, Mateusz Morawiecki, que pedía el apoyo a su postura ante la UE.
