España ha comenzado este 2022 inmersa en una agria polémica sobre la ganadería. La entrevista de Alberto Garzón al diario británico The Guardian, en el que criticaba que las «llamadas macrogranjas» españolas exportaban «carne de mala calidad de animales maltratados», han puesto en pie de guerra a la oposición, a las principales asociaciones ganaderas e incluso a parte de su propio Gobierno, hasta el punto de llegar a tensar la coalición de PSOE y Unidas Podemos.
Sus declaraciones, en plena precampaña de las elecciones en Castilla y León, han servido al PP como munición política y su defensa de la ganadería se ha convertido en el tema central de cada acto. El partido de Pablo Casado ha anunciado además una «ofensiva nacional» con mociones contra el ministro de Consumo en toda España. Pedro Sánchez ha lamentado «muchísimo» la polémica, sin mostrar su apoyo explícito a Garzón, mientras que el ministro de Agricultura ha calificado de «desafortunadas» sus palabras.
A Garzón lo respaldan, por su parte, algunos pequeños ganaderos, ecologistas y las plataformas ciudadanas creadas por todo el país contra la instalación de estas plantas de ganadería industrial. Estas últimas creen que las palabras de Garzón han conseguido dar visibilidad a lo que llevan denunciando desde 2017, que el mundo rural «pierde calidad de vida y, por lo tanto, pierde población» allí donde se instalan las macrogranjas, según denuncia a RTVE.es Inma Lozano, portavoz de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.
El debate ha ido aumentando en intensidad en nuestro país a medida que se multiplicaba la producción ganadera, especialmente en el sector porcino. Entre 2007 y 2020, España ha pasado de sacrificar 41 millones de cerdos al año a matar 56 millones, un aumento del 36% que la sitúa a la cabeza de la UE. Con un censo de 32,6 millones de ejemplares, es además el tercer país del mundo con más cerdos, según los datos del Ministerio de Agricultura. El aumento en la producción se ha logrado principalmente gracias a la instalación de granjas intensivas y con cada vez mayor número de cabezas por instalación, las controvertidas macrogranjas.
¿Qué es una macrogranja?
No hay una definición oficial de macrogranja ni un consenso sobre cuántos animales debe tener una explotación para ser considerada como tal. El término lo han popularizado los ecologistas y las plataformas ciudadanas contrarias a su instalación, y se refiere a las grandes granjas intensivas, especialmente las de cerdos, gallinas o vacas lecheras.
En España, las explotaciones más grandes deben aportar sus datos al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. Según este registro, hay unas 3.200 grandes granjas de cerdos -aquellas con más de 2.000 cerdos de cebo o 750 cerdas reproductoras- y unas 550 de aves -aquellas con más de 40.000 plazas para gallinas ponedoras-.
Sin embargo, las grandes explotaciones no llegan al 1% en porcino ni al 3% en vacuno, según los datos del Ministerio de Agricultura, que muestran también que la mayor parte de las 780.000 explotaciones ganaderas que hay en España son de pequeño y mediano tamaño.
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Las asociaciones ganaderas señalan que el modelo predominante sigue siendo el de la ganadería extensiva y el de pequeñas y medianas explotaciones, el que reivindican Garzón y los ecologistas por su menor impacto ambiental. «No existe en España una macrogranja de ganado vacuno como en Estados Unidos, y no se puede confundir la palabra macrogranja con la ganadería intensiva», aclara Jaume Bernis, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).
“No existe en España una macrogranja de ganado vacuno como en Estados Unidos“
«España es el único país del mundo que tiene limitada la capacidad de las granjas. Desde el punto de vista del bienestar ambiental los requisitos se aplican por animal, por lo que al cerdo le daría igual estar en una granja de 100 que de 1.000″, señala Miguel Ángel Higuera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR).En España, las granjas porcinas tienen prohibido tener más de 2.880 cerdos de cebo o alrededor de 900 cerdas reproductoras.
Para los ecologistas, más que el número de explotaciones importa su impacto social y ambiental. «Cerca del 94% de la carne de cerdo que se produce en España y que se exporta proviene del modelo de ganadería industrial», subraya Luis Ferreirim, de Greenpeace. Estas organizaciones apoyan, por el contrario, un modelo de ganadería extensiva y de pequeñas granjas que va en retroceso.
¿Qué es una macrogranja y cuántas hay en España?
¿Cómo funcionan?
Antiguamente, en España predominaban las pequeñas explotaciones familiares. A partir de la década de 1970, sin embargo, empezó a generalizarse un modelo de integración vertical, según el cual grandes empresas proveen de animales, pienso y atención veterinaria a los ganaderos, que aportan su trabajo, las instalaciones y la gestión de los purines a cambio de un precio cerrado por la producción, según explican desde Ecologistas en Acción.
El proceso ha provocado que cada vez sea más inviable sostener las pequeñas explotaciones, y que las grandes lo sean aún más. En los últimos 13 años, mientras el número de sacrificios aumentaba un 36 %, se ha «reducido drásticamente» el número de explotaciones reducidas, un 30 %, reza el último informe del Ministerio de Agricultura. También han disminuido un 10 % las intermedias, al tiempo que han crecido un 3 % las de mayor tamaño.
En las granjas intensivas los animales están estabulados durante toda su vida. A diferencia de la extensiva, no se alimentan de los pastos, sino de grano que proviene generalmente de importación. «Es un modelo totalmente insostenible, porque dependemos de un territorio que produce pienso que no es el nuestro, que está en Brasil y Argentina principalmente», asegura Omar Bongers, de Ecologistas.
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¿Cuánto contaminan?
Las principales críticas a las macrogranjas denuncian su impacto ambiental, especialmente en lo que respecta a los purines (o excrementos) de los animales. Estos se almacenan en grandes balsas y se utilizan para abonar cultivos, pero, según Bongers, estos almacenamientos son difíciles de controlar cuando «se concentran tantos animales en tan poco espacio de tierra».
Los purines, una vez utilizados como abono, pueden filtrarse a los acuíferos. Estas aguas subterráneas ya están profundamente afectados por el impacto del estiércol de la ganadería y de los fertilizantes empleados en la agricultura. 199 masas de agua superficial, entre ríos y embalses, tienen un nivel excesivo de nitratos, mientras que 166 masas de agua subterránea también están contaminadas, según el Ministerio de Transición Ecológica.
En Cataluña, la segunda comunidad con más granjas de cerdos por detrás de Aragón, la mitad de municipios es vulnerable a la contaminación por nitratos, lo que llevó a la Generalitat a establecer una moratoria en el crecimiento de granjas y la instalación de nuevas explotaciones en 68 localidades.
“Tenemos un montón de pueblos ya al límite de que su agua del grifo sea no potable“
«Tenemos un montón de pueblos ya al límite de que su agua del grifo sea no potable», alerta Lozano. En su localidad, Pozuelo (Albacete), donde hay una explotación de 4.000 cerdos, se ha registrado un nivel de 45 miligramos de nitratos por litro de agua, cerca del límite de 50 por el que esa agua se dejaría de considerar potable. Bruselas decidió llevar a España ante la Justicia europea por incumplir la directiva sobre nitratos a finales del año pasado.
Higuera rechaza la relación entre la contaminación por nitratos y los purines, ya que afirma que el abono con los residuos de las animales es «el único controlado», a diferencia de los fertilizantes minerales y los que provienen de las depuradoras.
En cuanto a gases contaminantes, la ganadería industrial está detrás del 92 % de la emisión de amoniaco, un gas que afecta también a la calidad del agua y los cultivos, según denuncia Greenpeace. España ha superado el techo de emisiones permitido por la Unión Europea y es el único gas del que no ha reducido sus emisiones desde 1990.
La ganadería emite un 9,1 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, según los datos del ministerio que dirige Teresa Ribera. Sumado a la agricultura supone un 14 % de las emisiones, lo que sitúa este sector como el cuarto más contaminante en nuestro país.
Macrogranjas en la España vaciada: ¿empleo o malos olores y contaminación?
La España vaciada ha sido la protagonista del enorme aumento de grandes explotaciones ganaderas en los últimos años. La ganadería intensiva de cerdos, más arraigada en Cataluña, Aragón o Murcia, se ha expandido recientemente por zonas rurales de Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía. Según la patronal Interporc, el sector se ha convertido en «punta de lanza contra la despoblación», ya que el 43 % de las explotaciones se sitúan en municipios de menos de 5.000 habitantes y proporciona un «futuro laboral de calidad y estable a miles de jóvenes en las zonas menos pobladas».
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La coordinadora Stop Ganadería Industrial cree, por el contrario, que no es oro todo lo que reluce. «Los promotores de estas industrias vienen a los pueblos y prometen que van a fijar población y que van a dinamizar económicamente la comarca. Antes su discurso funcionaba bien, pero ahora vemos en los pueblos que picaron en su día que no ha sido así», asegura su portavoz.
Esta plataforma reúne a unas 50 asociaciones creadas por varias provincias contra la instalación de grandes explotaciones ganaderas. Denuncian los malos olores, la suciedad y las moscas que molestan en las zonas cercanas a las granjas, o la contaminación de los acuíferos para el riego y para el consumo humano.
Para Lozano, la razón por la que las empresas se instalan en los pequeños pueblos es escasa capcaidad de oposición de una población reducida y envejecida. «No nos engañemos, no son pequeños emprendendores, son grandes empresas que vienen a aprovecharse de los recursos y de la poca resistencia social que hay en los pueblos«. Se pregunta por qué, si de todos modos el animal va a estar en una nave toda su vida, «por qué no se instalan en los polígonos de las ciudades».
“Son grandes empresas que vienen a aprovecharse de los recursos y de la poca resistencia social que hay en los pueblos“
Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Noviercas, un pequeño pueblo soriano de poco más de 150 habitantes, donde está previsto desarrollar la mayor explotación de vacas lecheras de Europa, con más de 23.500. Sus promotores defienden la creación de empleo, pero sus críticos calculan que, de salir adelante, tendría un efecto inmediato en las provincias limítrofes: cerrarían más de 400 explotaciones familiares y se perderían más de 700 empleos directos.
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Un informe de Ecologistas en Acción comparó aquellos pueblos donde se habían instalado macrogranjas con localidades cercanas, para concluir que estas no habían contribuido a fijar población. Balsa de Ves (Albacete), contaba con 259 habitantes en el 2000 y ha visto cómo sus habitantes han caído a la mitad en 2020, mientras que la población porcina es de 20.000 cerdos.
Moratorias a la instalación de macrogranjas y limitación de animales
Antes de que irrumpiera en el debate público la entrevista de Garzón, las administraciones ya estaban tomando medidas para regular el tamaño y la instalación de las explotaciones. La limitación al número de cerdos está vigente en España desde principios de siglo, mientras que el Gobierno está trabajando actualmente en una norma que limite el número de cabezas de vacuno por explotación a 725 vacas de ordeño o 1.400 terneros de cebo.
En algunas comunidades, además, hay moratorias en vigor que limitan la instalación de nuevas explotaciones. Más allá de la de Cataluña, vigente desde 2019, Castilla-La Mancha anunció el pasado diciembre una aún más estricta: hasta 2025 no se admitirán solicitudes ni se concederán nuevas autorizaciones ambientales para las macrogranjas.
Page cree que la polémica de Garzón quedará en anécdota y no afecta a las relaciones entre socios de Gobierno
Otros gobiernos europeos también están tomando medidas para limitar el impacto de las grandes explotaciones. Países Bajos, por ejemplo, creará en su nuevo Ejecutivo un Ministerio de Naturaleza y Nitrógeno para frenar las emisiones nocivas de las macrogranjas de cerdos.
