Los países de la UE pueden prohibir UberPop sin notificar a Bruselas

Revés para Uber. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Spuznar ha considerado en un pronunciamiento similar que los países miembro pueden prohibir y sancionar UberPop –plataforma de Uber que pone en contacto chóferes no profesionales y particulares- sin necesidad de notificarlo a Bruselas.

Da por válida así la prohibición que en su día le impuso Francia e imputase a dos de sus directivos por práctica comercial engañosa y organización de una plataforma ilícita de transporte, entre otros cargos. Francia introdujo en 2014 una nueva ley de transporte que prohibió sistemas que ponga en relación a clientes y particulares dispuestos a realizar un servicio de transporte con afán de lucro.

Contra las plataformas de particulares

Uber presentó una demanda ante el TJUE en la que defendía que la norma francesa constituye un reglamento técnico que afecta directamente a un servicio de la sociedad de la información y que, como tal, debe cumplir la directiva comunitaria que obliga a los países a notificar este tipo de proyectos de ley a la Comisión Europea antes de promulgarlos.

En sus conclusiones, el Abogado General rechaza que deba notificarse y señala que el servicio de UberPop está incluido en el ámbito del transporte y, por lo tanto, no es un servicio de la sociedad de la información y no se le aplica la directiva ni la obligación de notificar el proyecto.

Spuznar ve a UberPop como empresa de transporte a la que se le requieren licencias

Spuznar ya consideró en mayo que UberPop es una empresa de transporte y no una plataforma digital, de modo que se le pueden exigirle licencias y autorizaciones como las que precisan los profesionales del taxi.

Añade además que la normativa francesa en cuestión solo se refiere a los servicios de la sociedad de la información “de manera incidental”, es decir, no tiene por objetivo regular “específicamente” el servicio de conexión por vía electrónica, tal y como aseguraba Uber.

Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, pero en la mayoría de casos las sentencias de la Corte suelen seguir sus recomendaciones.

La sentencia final puede variar, pero suele ir en la línea del Abogado General

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