El proyecto presupuestario de 2022 incluye una reducción de la bonificación fiscal en el impuesto de sociedades para empresas que se dedican al arrendamiento de vivienda del 85 % al 40 %, una medida prevista para la futura ley de vivienda que ahora se adelanta.
En la rueda de prensa en el Congreso para presentar las nuevas cuentas públicas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado que esta medida, que se iba a incluir en la nueva Ley de Vivienda, pero que aún no se ha aprobado, se ha adelantado en los Presupuestos del próximo año.
Fuentes de Unidas Podemos han señalado a Europa Press que el acuerdo alcanzado con el PSOE sobre la nueva ley contemplaba esta medida, que permitirá que se retiren «privilegios fiscales» a estas entidades, que generalmente entran dentro de la categoría de grandes propietarios.
Con ello, se podrán sufragar los incentivos fiscales para los pequeños propietarios que permitirán bajar los alquileres, ya afectados por la congelación en zonas tensionadas.
Tipo mínimo del 15% para facturación superior a 20 millones
Las cuentas también incorporan un tipo mínimo del 15 % para el impuesto de sociedades para empresas con una facturación superior a 20 millones de euros o que constituyan grupos consolidados, de manera que «por efecto de deducciones» no puedan bajar de esa cifra.
Este tipo mínimo será del 18 % para entidades de crédito y petroleras -cuyo tipo nominal es el 30 % en lugar del 25 % del resto de empresas- y del 10 % para las sociedades de nueva creación, cuyo tipo nominal es del 15 %.
El impacto del establecimiento de un tipo mínimo se verá en 2023, que será cuando se liquide el ejercicio 2022, por unos 400 millones de euros, mientras que en 2022 sumará menos de 50 millones, ha explicado Montero.
Esta medida es un «ajuste», ha insistido la ministra, que ha puesto el foco en una reforma «mucho más ambiciosa» en el futuro que se centrará en «cómo y de qué manera se consolidan los créditos fiscales».
Impuestos a la electricidad y cambios en planes de pensiones
Montero ha cifrado en 2.000 millones de euros el «ahorro» para familias, autónomos y empresas por la suspensión del impuesto de producción eléctrica, la rebaja del IVA de la luz y del impuesto especial de la electricidad, con la consiguiente pérdida recaudatoria. En concreto, dado que el impuesto especial de la electricidad «va íntegramente a las arcas autonómicas», esa pérdida de ingresos tendrá que compensarse.
La ministra también ha señalado que a partir del año que viene bajará de 2.000 a 1.500 euros la aportación máxima anual deducible en planes de pensiones individuales mientras que se sube a 8.500 en los colectivos o de empresa.
Además, ha añadido que en las modalidades de planes de empresa en las que se permiten aportaciones del trabajador estos podrán deducirse por encima de 1.500 euros siempre que la aportación de la empresa sea superior y con ese límite global de 10.000 euros.
Ha avanzado que se creará un epígrafe específico en el impuesto sobre actividades económicas para la actividad de los periodistas. También ha insistido en el compromiso del Gobierno en la lucha contra el fraude avanzando un presupuesto récord para la Agencia Tributaría de 1.700 millones
