MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) –
El Gobierno vuelve a confiar en Marcos Peña, mediador de la estiba, para poner al conflicto en El Prat
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha vuelto a confiar en Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES), que actuó como mediador en el conflicto de la estiba, al designarle como árbitro en el procedimiento de arbitraje obligatorio entre los trabajadores de los controles de seguridad de pasajeros del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la empresa Eulen. Será el primer laudo que mita este experto veterano en negociación colectiva.
Una vez designado, Peña dispone ahora de 10 días naturales para emitir el laudo, a contar desde el día siguiente de la notificación, según ha recordado el Departamento que encabeza Íñigo de la Serna. De esta forma, tendrá que emitir un dictamen el próximo 31 de agosto de cara a la operación retorno de vacaciones.
De esta manera, continúa el procedimiento de arbitraje obligatorio que acordó el Consejo de Ministros, el pasado miércoles, 16 de agosto, en una reunión extraordinaria, como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen, encargados de los controles de seguridad de pasajeros de El Prat.
El Gobierno recurrió al arbitraje obligatorio tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.
Tal y como recoge el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, se recurre a esta figura cuando concurren las siguientes circunstancias: duración prolongada de la huelga o que se deriven graves consecuencias de la misma; que las partes mantengan posiciones irreconciliables; y perjuicio grave para la economía nacional.
Marcos Peña Pinto (1948, Teruel) es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social desde 1972. Ha sido consejero laboral en la Embajada Española en Roma (1984-1989), secretario general de Salud (1991-1992) y secretario general de Empleo (1993-1996).
Fue designado presidente del CES en 2006 –en sustitución de Jaime Montalvo que en mayo de ese año había presentado su dimisión– del que forma parte como experto desde 2005. Peña está especializado en negociaciones colectivas de trabajo y ha sido árbitro y mediador de distintos conflictos laborales a escala nacional.
EXPERTO VETERANO EN NEGOCIACIÓN COLECTIVA.
No es la primera vez que Peña ejerce labores de mediación en conflictos laborales. Especialista en negociación colectiva, ha presidido la Comisión Negociadora de múltiples convenios colectivos, como el de Telefónica, Renfe, Repsol, Izar o los astilleros, entre otros.
En el historial de Peña, como experto en negociación colectiva también figura su intervención en negociaciones con los sindicatos para el Pacto Social de finales de 1993, con acuerdos en materia de convenios y en la derogación de ordenanzas laborales.
En el último gran conflicto laboral que tuvo lugar en infraestructuras de transporte, el de los estibadores, Peña actuó como mediador entre la patronal y los estibadores por encargo del Ministerio de Fomento. En esta ocasión, tendrá que emitir su primer laudo de obligado cumplimiento.
El Ejecutivo de Rajoy ya recurrió al CES como organismo para resolver un conflicto laboral. Precisamente, recurrió en 2012 al predecesor de Peña, Montalvo, como mediador en el conflicto entre los pilotos de Iberia y la aerolínea filial Iberia Express.
EL SECTOR AÉREO ACAPARA EL MAYOR NÚMERO DE LAUDOS.
La primera vez que se impuso un arbitraje obligatorio tras la restauración de la democracia en España fue en el verano de 1981, cuando la Dirección General de Trabajo lo utilizó para acabar con la huelga de gasolineras que, junto a otra convocada por pilotos de Iberia, incidía en los movimientos estivales de viajeros.
El sector de los transportes ha sido históricamente el que ha provocado más arbitrajes obligatorios. En 1992, el Consejo de Ministros lo impuso para el conflicto de limpieza en el Metro de Madrid y el aeropuerto de Madrid-Barajas tras una huelga de 23 días.
Y dentro de los transportes, el sector aéreo acapara el mayor número de laudos, y en concreto son los trabajadores de la aerolínea Iberia los que más veces han tenido que acatar los arbitrajes.
Ocurrió en julio de 1984, cuando respondieron al anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por la empresa, y que fue retirado días después del arbitraje impuesto. También en 2001 cuando negociaban el convenio con la empresa, lo que provocó suspensiones de vuelos, y también en 2012 tras la creación de su filial de bajo coste Iberia Express por un conflicto con sus pilotos. Un año antes, en 2011, el exministro de Trabajo Manuel Pimentel arbitró en el conflicto entre Aena y los controladores aéreos.
La potestad para promover un laudo también puede corresponder a gobiernos autonómicos como la Generalitat de Cataluña, que en septiembre de 1988 dictó uno para acabar con los retrasos en las obras para los Juegos Olímpicos de Barcelona que había generado el conflicto entre patronal y sindicatos del sector de la construcción.
En 1996, la Generalitat también recurrió a un laudo para acabar con una huelga indefinida en el sector de la limpieza. Algo similar a lo ocurrido en el País Vasco en 1993. El Gobierno vasco también ordenó un arbitraje en 1994 para poner fin a una huelga de 22 días en la empresa Transportes Colectivos (TCSA) de Bilbao.
