La Audiencia de Barcelona comenzó ayer a juzgar al expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, y el ex director general, Adolf Todó, por las retribuciones presuntamente desproporcionadas a directivos de la entidad, mientras era rescatada con fondos públicos, en un juicio que se alargará al menos hasta finales de noviembre. La fiscalía pide cuatro años de prisión para 17 de los 41 acusados, entre los que están Serra y Todó, a quien atribuye dos delitos de administración desleal, y dos años para los otros 24, a los que sólo atribuye uno de los dos delitos. A su llegada a la Audiencia, Serra aseguró que no se arrepentía de nada y que «los sueldos escandalosos» nunca existieron.
La Audiencia, en cualquier caso, reclama que los acusados paguen al FROB 2,5 millones de euros más intereses por responsabilidad civil. La acusación, formada por la CUP, la Confederación Intersindical de Cajas y el propio FROB, también les acusan de delito societario por los que piden hasta seis años de prisión. El juicio está previsto que dure 28 sesiones, hasta el 30 de noviembre, pero el calendario podría variar. Entre ayer y hoy tendrán lugar las cuestiones previas y no será hasta el jueves 11 de octubre cuando comenzarán a declarar los acusados, de cuatro en cuatro, empezando por Serra y Todó.
La fiscalía, por su parte, considera que «hubo retribuciones e indemnizaciones escandalosas» y mostró su «sorpresa» porque, mientras aprobaban los aumentos de sueldo, pedían ayudas públicas para la entidad. El escrito de la fiscalía afirma que el consejo de administración actuó en beneficio propio y con un claro perjuicio para la entidad, porque sabían o estaban en condiciones de saber la situación de crisis de la entidad.
Al término de la primera sesión del juicio, Serra señaló que afronta el proceso «con mucha tranquilidad» porque está «seguro» de que se podrá «aclarar todo». Serra negó la mayor y aseguró que en ningún caso se aprobaron «sueldos escandalosos» para la antigua cúpula de CatalunyaCaixa y recordó que él está acusado por el aumento del salario de Adolf Todó, no del suyo propio, tal y como aprobó el consejo de administración de la entidad financiera, que él presidía. Según Serra, las decisiones que tomó fueron «legales y legítimas. Hicimos lo que correspondía, es lo que se demostrará a lo largo del juicio», agregó. En relación con la crisis de la entidad, Serra defendió que CatalunyaCaixa vio «muchas cosas antes que otras autoridades», lo que les llevó a abordar cambios en la dirección de la misma.
