España sólo tiene dos alternativas ante la situación económica actual: reducir gastos o aumentar ingresos. Y el Gobierno social comunista que sufrimos, ha optado claramente por la segunda: incrementar la presión fiscal hasta límites de auténtica extorsión –yo mismo soy víctima de ello-; seguir manteniendo unas administraciones públicas parasitarias y clientelares, que encima drenan el escaso crédito existente a las empresas privadas, y continuar la singladura adelante, hasta que el barco se hunda.
Es evidente que la casta política no va a reducir, y mucho menos suprimir, sus privilegios, y por lo tanto ni van a quitarse las diputaciones provinciales, ni el senado, ni las comarcas, ni los funcionarios interinos, contratados “a dedo”, coches oficiales, etc. Son incapaces de cercenarse sus propios oficios y beneficios, y tendremos que ser el pueblo llano quienes dejemos de votar tanto al PSOE como al PP, para que se hundan de una vez por todas, y pasen a ser lo que realmente son: partidos de intereses, que solo defienden los suyos propios. O partidas de bandoleros, en acertada expresión de don Pablo Castellano. Y que me perdonen los bandoleros.
La otra opción, reducir gastos, que es lo que hacemos las personas y familias normales, en nuestra vida ordinaria, ni la piensan ni mucho menos la contemplan. Pero sería muy fácil.
Es evidente que reducir el empleo público, en un millón de personas, por ejemplo, aumentaría el número de parados en otros tantos. Pero aparte de que el paro es temporal, mientras que los empleados públicos son un lastre permanente, tampoco es necesario llegar a medidas tan drásticas. Siguiendo el modelo alemán, de apretarse todos el cinturón, para reducir al mínimo las bajas de trabajadores, podría hacerse lo siguiente:
1. Seguir manteniendo las dos pagas extras de junio y diciembre, pero reducidas al 50%, de forma que los funcionarios y laborales de las administraciones públicas pasasen a cobrar realmente 13 pagas, en lugar de las 14 actuales.
2. Suprimir los trienios, como hace décadas desaparecieron de la legislación laboral, pasando a formar parte de la negociación colectiva, y ligados a conceptos tales como productividad, etc. No tiene sentido que por llevar treinta años calentando un sillón se cobren diez trienios, nada menos, cuando la productividad de los empleados públicos decrece con los años, como es público y notorio, con ocasión y como consecuencia de su mayor edad, síndrome del trabajador quemado, etc.
3. Volver a situar la edad de jubilación de todos los funcionarios y empleados a los 65 años, o si se quiere, en consonancia con la legislación laboral, y la mayor esperanza de vida, en los 67 años.
Así se conseguiría reducir personal, en forma no traumática, pudiendo echar por la borda el lastre que suponen las personas de edades avanzadas, que se pasan la mayor parte del tiempo de baja, o que rinden bien poco, pues están absolutamente hartos, desengañados y cansados de trabajar… Por supuesto, hay honrosas excepciones, pero eso, excepciones.
Desde luego, mantener las “jubilaciones de privilegio” a los 60 años, con sólo 30 años de servicios prestados, cuándo las edades de fallecimiento cada día son más alargadas, es una auténtica barbaridad, que no se sostiene, y es totalmente injusto para los obreros de la construcción, conductores, y tantos y tantos gremios que tienen que jugarse literalmente la vida en sus puestos de trabajo, ahora hasta los 66 años, y pronto hasta los 67, o más, como preconizan muchos “liberales”, de esos que llevan toda la vida sin pegar palo al agua.
Pero estén ustedes tranquilos, que nada de esto se hará. El Gobierno ha optado por la solución más fácil: aumentar la presión fiscal, hasta límites de auténtica extorsión fiscal.
*Abogado y escritor.
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