¿Qué hizo el gobierno de Rajoy para ganarse la multa de la UE?

La suerte está echada. Bruselas ha decidido no pasar ni una más a los países que incumplan con el objetivo de déficit, entre los que tiene el dudoso honor de encontrarse España. La pasada semana, la UE abrió el proceso para sancionar a España y a la vecina Portugal por incumplir el déficit en 2015. En nuestro caso, debíamos haber cerrado el pasado ejercicio con un déficit del 4,2% del PIB, pero finalmente fue del 5,1%, por causas que ya hemos comentado aquí anteriormente.

Ahora, toca a los ministros de Finanzas comunitarios mover ficha y decidir si avalan la decisión punitiva de la Comisión Europea o, por el contrario, hacer la vista gorda una vez más. Si bien todo apunta que ya acabaron las prevendas y que ambos países tendrán que hacer frente a una sanción que podría ser de más de 2.000 millones de euros.

La decisión final podría tomarse en el Ecofin que empieza hoy y si acaba siendo negativa para España, se abriría un plazo de 20 días para que se decidiese el importe de la sanción y para que el gobierno presentara alegaciones para intentar librarse, pero será difícil, pues la UE considera que España no ha tomado “medidas efectivas” para reducir el déficit, es decir, que no puede agarrarse a la situación económica como en otras ocasiones, menos cuando el pasado año el PIB español creció un 3%.

La pregunta es, ¿cómo ha llegado España a esta situación? ¿Es que los recortes no han servido de nada? Servir, han servido, pues cuando Rajoy y su equipo llegaron al gobierno el déficit estaba disparado en el 9%. No obstante, ha incumplido los plazos marcados por Bruselas para atajarlo y, según las autoridades, esta vez no puede echar la culpa a elementos externos.

Impuestos, un galimatías incomprensible

Para la Comisión Europea hay un claro culpable de que no se haya respetado el déficit pactado: el sistema fiscal español. Si hay algo que no entiende ni el propio Gobierno es el sistema impositivo actual, que va dando bandazos según la época y los intereses de turno. Si Rajoy empezó la legislatura pasada -no la última, que es la de los seis meses perdidos, sino la suya, la anterior- con una fuerte subida impositiva para atajar la mala situación económica, la tónica cambió cuando fue mejorando el panorama y se acercaban las elecciones.

De hecho, la reforma fiscal última ha sido el detonante final. Aunque el Ejecutivo la dividió en dos partes, precisamente para no perjudicar al déficit, el resultado ha sido igual de nefasto. Y es que el gobierno de Rajoy se vino arriba en 2014 y decidió poner en marcha una bajada del IRPF que sería del 12,5% de media para las rentas por encima de 24.000 euros, pero que casi se duplicaba para las que estaban por debajo de ese umbral -la gran mayoría-.

El ministro Cristóbal Montoro decidió confiar su suerte a la curva de Laffer, según la cual bajar los impuestos aumenta la recaudación, pero se equivocó de lleno y demostró que tal teoría económica es una falacia, al menos para España. Reducir la presión fiscal solo trajo consigo un desplome aún mayor de los ingresos tributarios, que va camino de volver a impactar en el objetivo de déficit de 2016, a pesar de la tregua que dio Bruselas antes de las últimas elecciones –dio un año más a España para lograr el objetivo de consolidación fiscal-.

Además, no solo fue el IRPF, sino también el Impuesto de Sociedades, que el Gobierno bajó hasta el 25% el tributo para las multinacionales, mientras que para las pequeñas y medianas empresas lo mantuvo en ese 25% -un absoluto agravio comparativo entre unas y otras- y el de las microempresas lo redujo al 20%. Si bien, el principal problema es que las compañías que más facturan, las grandes, pagan un tipo efectivo medio de alrededor del 6%, ya que se acogen a multitud de ventajas fiscales a las que las pymes no pueden acceder porque no cuentan con los asesores fiscales que tienen las primeras.

Esta es la prueba que diseñar un modelo fiscal en función del calendario electoral tiene unas consecuencias que pueden poner en riesgo el incipiente crecimiento de España y, por consiguiente, el de su sociedad.

Pasar del déficit -y no reconocerlo-

Ante esto, el gobierno español está tranquilo -o al menos lo aparenta-, ya que confía plenamente en que finalmente la UE será benevolente “porque España es la economía de la zona euro que más crece”, según las palabras del ministro Luis de Guindos. También alude a que este es el país que más reformas ha hecho y que ha logrado bajar el déficit al 5%. El problema es que ese 5% no era el pactado.

De nada vale sacar pecho cuando sigue habiendo un roto en el sistema y encima Bruselas está convencida de que no se ha hecho nada para arreglarlo. Porque, le pese a quien le pese, España pasó del déficit en 2015. El Gobierno se envalentonó con los datos macro y, ante la perspectiva de elecciones, tiró la casa por la ventana con una reforma fiscal que realmente han notado las rentas más altas, esas que son precisamente las que más deben aportar al sistema.

Tampoco vale el argumento de la creación de empleo, que no fue tan real como la quiere vender el Ejecutivo, y que no ha revertido la tendencia a la baja de los ingresos fiscales. Por lo tanto, a España no le quedará otra que acatar la sanción si es que finalmente llega. El gobierno ha movilizado a la derecha europea para que lo acompañe en su cruzada, si bien las fuerzas parecen decantarse del lado de la sanción, ya que para la UE el timing que maneja España respecto al déficit es “peligroso”.

Ahora queda ver si, finalmente se materializa la multa, cómo lo va a afrontar el próximo gobierno que se forme, si es que esta vez se forma.

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