La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves en el Pleno del Congreso que el Gobierno no aplicará el recorte de beneficios extraordinarios a las eléctricas impulsado por el Gobierno para abaratar la factura de la luz cuando estas compañías suministren energía a «precios razonables» a la industria.
Así lo ha asegurado durante la defensa en la Cámara Baja del Real Decreto-ley para hacer frente a la escalada de precios de la electricidad, que tiene entre sus principales medidas el recorte a los beneficios extraordinarios de aquellas tecnologías que, sin asumir el sobrecoste del gas en los mercados internacionales, han recibido retribuciones muy por encima de sus costes de generación por este alza. En este sentido, Ribera ha matizado que el objetivo es no aplicar estos recortes a «quienes garanticen ‘exnovo’ precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas», con el fin de «impulsar la cobertura de precios razonables para la industria«.
El anuncio se produce justo en un momento en el que la industria se enfrenta a una oleada de cierres por los altos precios de la electricidad. La pasada semana, la empresa siderúrgica Sidenor anunció su decisión de parar la producción en su planta de Basauri durante 20 días desde este lunes y hasta el 31 de diciembre por el «desorbitado» precio de la electricidad, cuya escalada ha elevado el coste eléctrico en Sidenor en un 300 % respecto al del año pasado.
Ribera ha subrayado el carácter temporal de esta medida, hasta el próximo 31 de marzo, que el recorte es proporcional a la cotización del gas y que, en todo caso, no se aplica a aquellos casos en los que no se haya interiorizado en sus ventas de energía el sobrecoste del gas natural, ni a quien «haya garantizado precios estables antes de la escalada».
Antes, la vicepresidenta ha anunciado su intención de «completar» este plan de choque «en las próximas semanas» con «medidas adicionales que garanticen la cobertura con contratos bilaterales y precios razonables para los consumidores industriales» y también «reforzar la posición» de aquellos consumidores vulnerables acogidos al bono social.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
