Marta Zambrano se lleva las manos al rostro, mira al cielo y agradece a Dios porque ha recuperado dos cajas repletas de ropa que en febrero envió a sus familiares en Pedernales. Los paquetes nunca llegaron a sus destinatarios porque la empresa OGC que prestaba el servicio cerró intempestivamente en marzo pasado.
Esta mañana, la inmigrante fue una de las primeras en recoger sus bienes tras recibir una citación de la Policía. El trasiego de los perjudicados hasta el galpón en el madrileño barrio de Villaverde Alto, donde se amontonan sus enseres, continuará a lo largo de los próximos 15 días.
La tarea de identificación no resulta fácil. En la nave hay cajas numeradas pero también bultos sin ningún nombre. “No tenemos una relación específica hecha por la empresa de cada uno de los paquetes y de la persona a la que le pertenecen”, asegura Eloy López, inspector Jefe de la Sección Judicial de la Comisaría de Policía de Arganzuela.
Los responsables de la compañía destruyeron o se llevaron los listados de los envíos con el registro de sus propietarios. Antes de entregar cualquier bien (hay cocinas, sillones, bicicletas, televisores, lavadoras, ropa…), los uniformados “contrastan la información aportada por la persona en la denuncia presentada con el albarán que les entregó OGC y, además, se hace una comprobación in situ. La dificultad está en que a veces han perdido el albarán”, indicó.
Tras el cierre de OGC se interpusieron 1.000 denuncias que pueden llegar a sumar 2.500 paquetes, según estimaciones de López. Días atrás se entregaron en torno a 80 en Palma de Mallorca. Este proceso supone el “inicio de una segunda fase” en la atención a los perjudicados, en palabras del Embajador Miguel Calahorrano”.
A finales de octubre, se presentó una querella conjunta por parte de 612 afectados ante la Audiencia Nacional de España por “estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, entre otros delitos”, en la que se solicitó una indemnización de 1.100.000 de euros, monto al que presumiblemente ascendería el perjuicio causado, señaló el diplomático.
“Al momento se ha admitido la incoación de diligencias y se espera la respuesta del Ministerio Fiscal para que determine la competencia de la Audiencia. Mientras tanto, se siguen sumando más personas y podrían llegar a ser 1.200”, explica Cynthia Favero, responsable de Abogados Sin Fronteras, despacho jurídico seleccionado por el Gobierno para la defensa de los perjudicados.
Mientras avanza el proceso judicial, entre 25 y 30 inmigrantes acudirán diariamente a la nave en la que OGC almacenaba los paquetes, esperanzados en recuperar sus pertenencias. La suerte no le acompañó esta mañana a Viviana Vieira. La quiteña abandonó el lugar con las manos vacías y el rostro compungido. No sabe dónde están las 6 cajas que envió el 17 de diciembre pasado. “1.200 euros perdidos”, se lamenta. (I)
