El caso de la ecuatoriana Blanca Sancucho es el vivo reflejo de la situación que enfrentan muchos migrantes radicados en España, donde ya no tienen ingresos porque se encuentran desempleados, y están a punto de perder sus departamentos porque el dinero que perciben del subsidio no les alcanza para cubrir el pago de las mensualidades.
Lo de Blanca ha sido llover sobre mojado. Está a punto de perder el departamento adquirido en el 2003 con un crédito hipotecario y, para desde hace un año está en el desempleo.
El inicio de sus problemas podría datarse en el 2007, cuando firmó un aval de 260.000 euros ($ 276.450), para que su hermano pudiese comprar un piso con un crédito hipotecario.
Dos años más tarde, su hermano se quedaría en el paro y dejaría de pagar las mensualidades de 1.450 euros ($ 1.542). El banco, entonces, le exigió a ella el pago de las letras atrasadas, poniéndole en una posición comprometida, lo que le llevó en aquella época a redactar una carta pública, explicando con detalle la situación desesperada por la que atravesaba. En esa misiva decía: “tengo tanto miedo que me embarguen por la deuda de mi hermano”.
Finalmente, lo de la hipoteca de su hermano -que ya ha vuelto a Ecuador- tuvo un arreglo. El banco sacó a subasta el piso y se quedó con él. A cambio de ello, Blanca Sangucho aceptó una deuda de 6.000 euros ($ 6.380), comprometiéndose a pagar 50 euros ($ 53) mensuales durante seis años.
Para ahondar su drama, otra entidad financiera se había puesto en contacto con Blanca Sangucho, porque otra persona a la que también había avalado tampoco estaba pagando las letras. Ese inconveniente, sin embargo, se solucionó, porque el banco perdonó la deuda a la afectada y ella, automáticamente, fue liberada de cualquier compromiso.
Pero en medio de tanto lío, Sangucho -que ahora tiene 44 años de edad- tenía sus propios problemas, porque su marido había perdido el trabajo y ella, con un sueldo de 1.130 euros ($ 1.201) al mes, no podía hacer frente a unas mensualidades de 1.100 euros ($ 1.170) de su propia hipoteca, la que había firmado en el 2003. El banco, como alternativa, le concedió un año de carencia, lapso en el cual se limitó a pagar los intereses.
La cuestión es que hace dos años, Sangucho dejó de satisfacer las mensualidades de su hipoteca y ahora el banco le reclama 200.000 euros ($ 212.653). Para colmo, perdió el trabajo y se mantiene con los 662 euros ($ 704) mensuales que le corresponde como paro. El piso en el que aún vive ha salido a subasta por 270.000 ($ 287.081) y si nadie lo compra hasta final de mes, pasará a manos del banco.
Sangucho dice que todavía puede acceder a la dación en pago (entregar el piso a cambio de la deuda), pero si el piso finalmente es subastado, le queda la posibilidad de obtener una condonación de deuda.
Mientras tanto, está presentando la documentación para ver si le otorgan una vivienda de alquiler social, porque ella no tiene más ingresos que los del paro, su marido sigue sin trabajo y ya se le han agotado las ayudas sociales. (I)
