Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga ha fallado contra la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, anulando una reducción de jornada impuesta a un profesor de Latín del IES Sierra Bermeja de esa localidad, sin haberla solicitado con carácter previo, a la vez que la condena en costas por “mala fe procesal” reiterada.
Como se desprende de la lectura de la sentencia, que es firme y no admite recurso, al citado profesor se le privó primero de horario suficiente de su especialidad (previa decisión de la dirección del centro de restringir o limitar arbitrariamente la elección, por parte de los alumnos, de las asignaturas troncales de su departamento), para después aplicarle de oficio una reducción de jornada no solicitada, impidiéndole en todo momento la opción legal, a la que tenía pleno derecho, de completar horario de su especialidad en otro centro de Málaga. «Todo ello a pesar de existir, como así ha quedado acreditado por el demandante y remarca de un modo certero el Sr. magistrado en su sentencia, horas de Latín, Griego y Cultura Clásica en varios centros de la localidad, y del conocimiento que los servicios de Planificación y de Gestión de Personal de la Delegación malagueña, tenían de esta circunstancia», subrayan desde la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA).
La sentencia desgrana el «lamentable comportamiento de los responsables de la Consejería de Educación, su Delegación territorial en Málaga y el titular de la dirección del IES Sierra Bermeja», que, en «un desprecio intolerable hacía uno de los poderes de nuestro Estado de Derecho», una vez interpuesta la demanda, hicieron caso omiso de las reiteradas peticiones del expediente administrativo y no comparecieron en el acto de la vista, retrasada en dos ocasiones por este motivo.
Según denuncian desde APIA, los hechos adquieren especial relevancia por cuanto la misma situación se ha vuelto a producir en el curso 2017/2018 y amenaza con reproducirse en el presente 2018/2019, en estas dos ocasiones con el conocimiento y la complicidad de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería, en Sevilla, que ha tenido cumplida cuenta de lo sucedido, sin intervenir en ningún momento. «Tal grado de enseñamiento -denuncian los docentes- desborda la legalidad vigente de manera tan flagrante y clamorosa que el injusto podría disciplinarse más allá de la jurisdicción contencioso-administrativa».
Los servicios jurídicos de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que han llevado el procedimiento, mantienen otra demanda por los mismos motivos en otro juzgado de Málaga, a la que se hace referencia la sentencia, y recurrirán nuevamente, si este curso 2018/2019 se consuma otra vez el oprobio, a la jurisdicción que consideren pertinente.
Los docentes denuncian que este tipo de actuaciones se enmarcan «dentro de la guerra emprendida desde hace decenios por la Consejería, en el contexto de la Enseñanza Secundaria, contra los saberes en general y contra las lenguas clásicas en particular». Una situación, que según subrayan, se ha visto agudizada tras la entrada en vigor de la nueva reglamentación autonómica en 2010, que «ha propiciado un grado de arbitrariedad sin precedentes».
