MIAMI, Estados Unidos. – Un total de 1611 personas habrían sido ejecutadas en Venezuela por fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, según un informe realizado por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en colaboración con el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas “Centro Gumilla”.
Se estima que solo en los primeros seis meses de 2020 murieron en el país petrolero un promedio de nueve personas por día. La mayoría fueron jóvenes pobres de entre 18 y 30 años de edad.
La investigación recoge que, de enero a junio, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue el órgano más letal, responsable de 417 asesinatos, el 25,8% de la registradas. La mayoría de esas ejecuciones fueron llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la PNB.
El segundo ente con mayor cantidad de víctimas es el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) con 400 ejecuciones, lo que equivale al 24,83% del total.
Las policías estadales llevaron a cabo 399 presuntas ejecuciones, con altos índices de letalidad en los estados de Zulia (122 asesinatos), Aragua (65) y Carabobo (54).
Otros 222 asesinatos van a la cuenta de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la mayoría de ellos perpetrados por la Guardia Nacional Bolivariana.
También se registran muertes a manos de las policías municipales, responsables de 57 presuntas ejecuciones.
“Los miles de víctimas que deja la violencia institucional en Venezuela, son consecuencia de una política de Estado que combina el aliento brindado por las altas autoridades para la comisión de los abusos, y la impunidad estructural dado el copamiento del sistema de administración de justicia, por parte del proyecto político oficialista. Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”, señala el informe.
La investigación llevada a cabo por Provea y el “Centro Gumilla” tipifica las ejecuciones extrajudiciales en diferentes categorías. En ese sentido, están “quienes fallecen por problemas personales o en el ámbito de la vida privada que sostenían con funcionarios de los cuerpos de seguridad”, casos muchas veces vinculados al abuso de poder, y quienes mueren “por el despliegue de operativos y/o acciones adelantadas sistemáticamente para ‘acabar’ con la vida de jóvenes bajo el paragua de la ‘profilaxia social’, donde la versión institucional suele ser la de enfrentamiento posicionando en el discurso que las víctimas se trataba de peligrosos criminales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado en reiteradas ocasiones la situación que padecen países como Venezuela.
El organismo regional hace énfasis en que “los gobiernos autoritarios y las dictaduras militares que actuaron en el hemisferio en las últimas décadas desconociendo las obligaciones internacionales de los Estados en materia de garantía de los derechos humanos, dejaron como legado una situación de permanente reproducción de la violencia”.
La CIDH advierte además que “continuar el camino del autoritarismo, erosionará aún más el Estado de Derecho y generará más violaciones de derechos humanos y sufrimientos a la ciudadanía”.
Por su parte, Provea y el “Centro Gumilla”, que iniciaron desde el año pasado un proceso de contraloría social a la violencia institucional policial y militar, llamaron al régimen chavista y a las fuerzas militares a detener las masacres en las calles.
“Urge detener la masacre por goteo que se realiza a diario en Venezuela, e investigar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales de abusos contra los derechos humanos en el contexto de operativos policiales y/o militares”.
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