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Abogada de Cuixart: “La defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de derechos fundamentales”

Actualizado 12/06/2019 15:42:41 CET
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MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) –

Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido en su alegato final ante el tribunal que juzga el proceso independentista las manifestaciones, concentraciones y protestas que tuvieron lugar en el otoño de 2017, en el marco de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, y ha defendido que todas esas movilizaciones se enmarcan en el derecho de reunión, llegando a decir que “la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales”.

“En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia”, ha subrayado Roig.

La letrada, que ha expuesto sus argumentos durante una hora, muy rápidamente y sin casi pararse a tomar aire, ha indicado a los siete magistrados que juzgan el ‘procés’ que con esta exposición no está “minimizando” los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña, sino “situándolos en su justo término”. “Debemos sentirnos orgullosos de la ciudadanía que salió a la calle”, ha remarcado.

“LA ACUSACIÓN NO PUEDE ARROGARSE LA PROPIEDAD DE LA CONSTITUCIÓN”

En la primera parte de su intervención, Roig ha hecho un alegato técnico sobre el derecho de reunión apoyándose en la lectura de varios informes internacionales para reprochar a las acusaciones que entiendan las movilizaciones que tuvieron lugar en Cataluña como protestas de “contenido antidemocrático” y que las “utilicen” como prueba. “La acusación no puede arrogarse la propiedad de la Constitución. No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin movilización ciudadana”, ha manifestado.

De hecho, Roig ha recurrido varias veces al informe emitido por el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria para enfatizar que Cuixart se encuentra en prisión desde el 16 de octubre de 2017 por ejercer su derecho a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política. Por ello, ha pedido al tribunal la absolución del líder de Òmnium Cultural, así como su puesta “inmediata” en libertad.

Ya entrando a valorar los hechos concretos por los que se acusa a Cuixart, su abogada ha asegurado que la Fiscalía ha partido de la “evidencia de que todos los acusados comparten la aspiración del ejercicio de la autodeterminación de Cataluña”. Ha recalcado que no hay pruebas suficientes contra el presidente de la asociación y que ni siquiera los documentos que las acusaciones vinculan al proceso independentista, como la ‘hoja de ruta’ o la agenda Moleskine de Josep María Jové, mano derecha del exvicepresidente Oriol Junqueras, “instrumentalizan la movilización ciudadana como insurrección”.

CUIXART SÓLO CONVOCÓ EL 20-S

La abogada ha señalado que de los “graves incidentes” que a juicio de la Fiscalía ocurrieron el 19 y 20 de septiembre de 2017, Cuixart “convocó y participó única y exclusivamente” en la concentración ante la Consejería de Economía en Barcelona, que está “encardinada y debe estar protegida por el derecho legítimo a la reunión”. “Es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Legislativo o Ejecutivo como contra una resolución del Poder Judicial”, ha agregado.

Asimismo, ha dicho que el 1 de octubre Cuixart sólo animó a los ciudadanos a mantener la “resistencia pacífica” ante la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, a su entender, debe considerarse como “reunión pacífica”. En este sentido, ha dicho que si hubo algún incidente entre manifestantes y agentes fue algo “aislado”, no compartido por la totalidad de las 2.300.000 personas que acudieron a los colegios electorales, de los cuales “170.000 personas votaron que ‘No’ a la Independencia” y que todos ellos eran conscientes de que estaba prohibido por el Tribunal Constitucional.

En este sentido, Roig ha criticado que la Fiscalía califique los meses de septiembre y octubre de 2017 como un “periodo insurreccional”, mismo título que presentó en sus atestados el teniente coronel Daniel Baena, jefe de la investigación policial sobre el referéndum. “Baena paso a servir en bandeja una terminología más acorde con el delito de rebelión” porque hablar de una “desafección a las autoridades” resultaría una acusación “descafeinada”, ha afirmado la abogada.

PROTESTAS ENTENDIDAS COMO “AMENAZAS”

Así, insistiendo en que “manifestarse suele ser la opción política que utiliza la ciudadanía” en busca de ciertos “cambios” y que “determinados poderes del Estado” aborda las protestas “como si fueran una amenaza”, de lo que, a su juicio, es ejemplo la acusación contra Cuixart, la letrada ha defendido que los hechos no encajan ni en el delito de rebelión ni en el de sedición.

Para la defensa del presidente de Òmnium Cultural ni en la concentración ante la Consejería de Economía ni el día del referéndum ilegal se dio “la violencia idónea que requiere el delito de rebelión”, del que acusan la Fiscalía y la acusación popular Vox. Pero “tampoco fue un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición”, que imputa la Abogacía del Estado.

Asimismo, ha enfatizado que no cree que cantar Els Segadors -himno catalán– ante cuarteles de la Guardia Civil o en los hoteles donde se alojaron los policías que fueron desplazados a Cataluña “se pueda entender como un acto de acoso o de violencia”.

Y es que, según ha afirmado Roig, lo que “acreditan” las imágenes que se han visto en el juicio es que los agentes de la Policía y Guardia Civil es que “atacaron sin previo aviso y utilizando las defensas indiscriminadamente”. “No podíamos imaginar el uso desproporcionado de la fuerza”, ha añadido.

LA FISCALÍA INTENTÓ “CONFUNDIR” AL TRIBUNAL

Así, ha destacado que la Fiscalía ha aportado sólo vídeos en los que se ven a los furgones policiales abandonar algún colegio concreto o algún registro, pero en ningún momento “nos han permitido ver cómo reacciona la ciudadanía ante la intervención”. Ha aprovechado este momento para recordar que los representantes del Ministerio Público no pudieron identificar los días de algunas de las imágenes que visionaron, incluso las “mezclaron”, para “intentar confundir al tribunal”.

En cuanto a la intervención de Cuixart el 20 de septiembre, ha resaltado que en todo momento “llamó a la calma” a los manifestantes y que los guardia civiles que formaron parte de la comitiva judicial partían de la “desconfianza” hacia a él, que se malinterpretó, porque “desconocía” la habitual “mediación” de los promotores de las concentraciones con los Mossos d’Esquadra.