Bruselas: “No vemos necesidad en cambiar las euroórdenes”

Sigue el tira y afloja entre España y Bélgica por la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que lo acompañan (Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Llúis Puig) en la capital comunitaria, huidos de la justicia española.

El viernes, Bruselas respondió con una negativa a la solicitud del ministro de Justicia español, Rafael Catalá, de revisar el marco de las euroórdenes de detención y entrega (OEDE): “No vemos ninguna necesidad de cambiar ese funcionamiento en lo que a la lista de delitos se refiere”.

Retirada de la orden internacional

Cabe recordar que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró la euroorden​ el martes solicitada anteriormente por la juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. A raíz de ello, Catalá lanzó la petición de reforma, en especial para ampliar la lista de 32 delitos graves por los que se debe proceder a la entrega automática, sin comprobar si hay equivalencia de delitos entre los dos países implicados. Y Bruselas respondió por boca de la comisaria de Justicia, Vera Jourova.

La comisaria reconoce que existen “algunos problemas de naturaleza procesal” que en el pasado han complicado la aplicación de la euroorden por algunos Estados miembros, pero descarta que los cambios necesarios para adaptar el marco encajen con las peticiones de reforma de España.

Trabajando en “mejoras”

“La Comisión no comparte la opinión de que mejorar el sistema requiera una revisión de la decisión marco y ampliar el catálogo de delitos tampoco resuelve directamente los problemas que los Estados miembros tienen al aplicar el sistema”, zanjó Jourova al ser preguntada por la demanda española.

Bruselas trabaja para introducir “mejoras” en el sistema pero “no se plantea abrir” la decisión marco “para introducir los cambios que son pedidos por el Gobierno español”.

“Preocupación” e “inquietud” en el Gobierno

Catalá y Jourova charlaron en los márgenes del encuentro europeo entre ministros de justicia y, en ese marco, el ministro español le trasladó la “preocupación” e “inquietud” del Gobierno por el hecho de que un mal uso de la libre circulación permita “huir de la justicia” a quienes son requeridos en un Estado miembro.

Pese a la “inquietud” expresada por Catalá, el ministro optó por no exponer la cuestión directamente ante el resto de ministros de la UE, porque “no estaba en la agenda”.

Coincidencia temporal

Aunque el ministro pidió “no basarse en anécdotas”, en alusión a los cinco de Bélgica, la necesidad de revisar la euroorden surge al tiempo en que la justicia española solicitó a Bélgica la entrega de los políticos catalanes.

Ninguno de los cinco delitos que les fueron imputados por la Audiencia Nacional –rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia– figuran en esta lista de 32 delitos, lo que llevó a la juez Carmen Lamela añadir el de corrupción, que sí lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.

Cinco delitos

La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos imputados (todos menos prevaricación).

Si los tribunales belgas hubieran confirmado esta posición –la decisión finalmente no se ha conocido al retirar antes España la petición de entrega– Puigdemont y sus exconsellers solo hubieran sido entregados si quedara demostrada la doble tipificación de los delitos, esto es que figuraran también en el ordenamiento jurídico belga.

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