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El ex jefe de Seguridad de BBVA asegura que era «inimaginable» que Villarejo siguiera en activo cuando le contrató

Atribuye a Francisco González la decisión final de contratar a la empresa del comisario

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) –

El ex jefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano ha asegurado en un escrito enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que era «inimaginable» que el comisario José Manuel Villarejo siguiera en activo cuando el banco le contrató en diciembre de 2004, aseverando en la misma línea que «nunca» sospechó que la información que les proporcionaba pudiera proceder de bases policiales de acceso restringido.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Corrochano explica que conocía a Villarejo desde 1974, cuando coincidieron en la lucha antiterrorista en la Comisaría de San Sebastián, pero que no retomaron el contacto hasta 2003, cuando siendo jefe de Seguridad de BBVA recibió una llamada de su antiguo compañero para ofertarle los servicios de «inteligencia empresarial» de una de las compañías que había creado tras dos excedencias de las Policía Nacional y «muchos años de actividad en el sector privado con bastante éxito».

De acuerdo con el relato de Corrochano, le pareció «buena idea» conocer los servicios ofertados, de modo que acordaron una reunión que se celebró en las oficinas de BBVA, siendo el socio del comisario, Rafael Redondo, quien llevó a cabo la presentación de la compañía. Las relaciones quedaron congeladas hasta que a finales de 2004 la entidad bancaria requiere ese tipo de trabajos y contrata con CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.

Corrochano defiende en su escrito que siempre pensó que Villarejo estaba en excedencia, porque así se lo había trasladado en la llamada telefónica de 2003. Además, añade que era «inimaginable» que siguiera en activo porque «tal situación chocaría con las actividades diarias que llevaba a cabo».

«Su actividad diaria, los viajes, su gestión y dirección de las empresas y la apariencia que exhibía desde sus despachos en el conocido Edificio Torre Picasso de Madrid evidenciaban que efectivamente su actividad era única y exclusiva en el ámbito de la empresa privada», esgrime.

El ex jefe de Seguridad argumenta asimismo que «nunca» sospechó que la información que Villarejo proporcionaba a BBVA debido a los sucesivos encargos que recibió del banco procediera de bases policiales. Según él, pensaba que la obtenía de «fuentes abiertas» y «siempre por medios y cauces legales».

Sí reconoce Corrochano que le constaba por terceros y porque así se lo hacía saber el propio Villarejo que el comisario seguía teniendo «muy buenas relaciones» personales con miembros de la Policía y del CNI, aunque apostilla que «nunca imaginó que hubiera algo irregular» en ello.

Con todo, el investigado afirma que «nunca hasta que saltó la noticia en prensa le asaltó ninguna duda sobre la situación de excedencia de Villarejo». «Situación además que no es excepcional ni mucho menos en el cuerpo policial», remacha.

SOLO LE ABRIÓ LAS PUERTAS DEL BBVA

Por otro lado, Corrochano ha querido aclarar que CENYT se convirtió en proveedor de BBVA con ese primer contrato de diciembre de 2004 a propuesta de él mismo, si bien subraya que la decisión última de contratar a Villarejo fue del «órgano de gobierno del banco».

Igualmente precisa que en los contratos relacionados con el Departamento de Seguridad que dirigía –el de 2004 y una adenda de 2005, otro contrato de 2016 y diversos encargos– actuó «exclusivamente» como firmante en calidad de apoderado de BBVA, «previamente a ser supervisado y autorizado el mismo por la Asesoría Jurídica y en cumplimiento de las instrucciones de sus superiores», siguiendo de esta forma los protocolos internos.

En concreto, sobre ese primer contrato del 2 de diciembre de 2004, detalla que el entonces presidente del BBVA, Francisco González, le trasladó la necesidad de contratar un servicio de información debido a una OPA que se estaba gestando y podía perjudicar al banco. Corrochano valoró dos posibilidades: CENYT y Kroll, pero descartó la segunda porque trabajaba para SACYR, quedando la empresa de Villarejo como única candidata.

Así se lo trasladó a González y al entonces responsable de Recursos Humanos del BBVA, Ángel Cano, y «siguiendo con las instrucciones recibidas» citó a Redondo y Villarejo con el jefe de Comunicación del banco Javier Ayuso, una reunión de la que resultó un borrador del contrato redactado con CENYT que se terminó de pulir desde la Asesoría Jurídica de la entidad.

«Por tanto, la decisión de contratar a esta empresa, después de su presentación al director de Comunicación por medio de Corrochano, como se le había indicado, fue del presidente. La autorización para suscribir el contrato la dio el presidente y Cano, y el contrato fue redactado por CENYT incorporando los cambios sugeridos por el departamento de Asesoría Jurídica», enfatiza Corrochano.

Asimismo, recalca en su escrito que «unos años después CENYT también fue contrata por otros departamentos del banco para la prestación de servicios del todo ajenos al área de Seguridad», indicando que conocía de su existencia pero que no intervino en ellos y que, en todo caso, «no sabe cuántos contratos en total ha habido entre CENYT y BBVA».

También enfatiza que «nunca recibió cantidad alguna ni dádiva de ningún tipo ni de CENYT, ni de Villarejo ni de Redondo, ni de ninguna de la otras mercantiles del grupo de Villarejo, ni de nadie».

GRABACIONES MANIPULADAS

Por otro lado, Corrochano cuestiona el material probatorio que obra en la causa, al menos lo referido a las conversaciones grabadas en las que el ex jefe de Seguridad figura como interlocutor, que dice que podrían haber sido manipuladas.

Expone que «no aparece constatación fehaciente que acredite que el dispositivo analizado fuera el soporte original de la grabación», ni que el volcado y análisis del contenido se realizara con las debidas garantías legales, respetando la cadena de custodia.

«Al parecer solo son copias de supuestas grabaciones guardadas en algún ordenador, muy posiblemente con una previa manipulación y sin que se hayan encontrado las grabaciones originales en ningún soporte», desliza.

No obstante, sí afirma con «rotundidad» que los archivos de audio aportados al procedimiento han sido manipulados por cuanto «son solo trozos y fragmentos seleccionados de conversaciones cortadas, pegados, sacados de contexto, aparentando lo que no es y así parecer que se dice algo que no se dijo».

También arroja dudas sobre la documentación encontrada en los diversos soportes informáticos de CENYT al apuntar que parte de esos archivos podrían ser fruto de «un encargo de la propia Policía, del DAO de la época, del CNI o incluso de algún miembro del Gobierno o de diferentes autoridades».

Corrochano es, junto al ex presidente del BBVA, uno de los imputados en esta pieza separada número 9 de ‘Tándem’ por los contratos del banco con CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajos por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

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