El Gobierno frenará el referéndum con las mínimas medidas necesarias

Ni habrá empleo de la fuerza ni se suspenderá la autonomía de Catalunya, pero la situación que se vivió el 9-N “no se va a volver a producir”. Cuando desde el Gobierno se habla de que “hará todo lo que tenga que hacer” para impedir el referéndum, lo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende trasladar es que el Gobierno dispone de todos los instrumentos a su alcance para evitar que se celebre, pero no quiere decir cuáles.

Y no quiere, porque los mecanismos que se apliquen dependerán de las actuaciones que se vayan produciendo por parte del Govern de la Generalitat y su voluntad de llevar a cabo la consulta. Lo que hará el Gobierno central es actuar, y lo hará, aseguran, “con proporcionalidad y prudencia”.

“No vamos a matar moscas a cañonazos”, aseguran fuentes gubernamentales, pero advierten que no habrá consulta. Esta vez no, y las urnas no saldrán a la calle. El paso máximo que el Gobierno español estaría dispuesto a aplicar, al menos en este momento, sería recuperar una competencia clave que ahora está en manos de la Generalitat, y lo haría el mínimo tiempo que sea necesario para que no se atente contra el ordenamiento jurídico, se incumplan sentencias y se vulnere la Constitución. Y si para conseguir eso basta que la competencia de la Generalitat esté en manos del Gobierno dos horas, mejor que cuatro o que 24.

El Ejecutivo recuerda las responsabilidades de los funcionarios que incumplan las sentencias

Ya restablecido el orden constitucional, se devolverá esa competencia. Las demás seguirían en manos del Govern catalán, con lo que nadie podría hablar de suspensión de la autonomía.

Pero para llegar ahí, el Gobierno central considera que hay otros muchos mecanismos que se pueden ir desarrollando, que hagan que no sea necesario llegar a la intervención de la autonomía. Tales como recursos al Tribunal Constitucional, ejecuciones de sentencia, advertencias a funcionarios de la Generalitat sobre sus responsabilidades si desobedecen los requerimientos del Alto Tribunal.

Todo antes de llegar a esas medidas que serían excepcionales pero legales, y que el Gobierno del PP sólo adoptará si es estrictamente necesario y por el mínimo tiempo posible.

El Gobierno está convencido de que el Govern de la Generalitat encontrará más obstáculos entre los funcionarios a la hora de cumplir circulares que vayan en contra de la ley, entre otras cosas, dicen, “porque ahora saben que si colaboran pueden incurrir en responsabilidades penales”. El ejemplo del juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, y las sentencias de multa e inhabilitación que han conllevado, cree el Gobierno que pueden ser disuasorios llegado el caso. Además, las advertencias a las empresas que puedan optar a la elaboración de las papeletas, o la compra de urnas, con una partida del presupuesto que ha sido recurrido al Tribunal Constitucional, y suspendido, puede ir dejando claro a los funcionarios y los responsables políticos que sus actos tendrán consecuencias.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha empezado a construir un relato

Para que esas respuestas a las actuaciones encaminadas a la celebración del referéndum sean vistas con normalidad, el Gobierno de Mariano Rajoy ha empezado a construir un relato, que es lo que a juicio de algunos faltó en el 9-N. Desarrollando un mensaje político como el que han adoptado el Gobierno y el PP sobre lo antidemocrático de saltarse la ley, habiendo cauces de diálogo como el que ha planteado el Gobierno en el Congreso, y el ataque frontal a la Constitución que supondría la puesta en vigor de la ley de Transitoriedad, cuyo texto se desconoce todavía, pero que suponen, pretendería declarar la independencia en 24 horas.

Son dos fases del mismo problema, y el Gobierno sigue estudiando todos los instrumentos que le permitan que no se vulnere la ley, y en la confianza de que al final impere la sensatez y no tenga que aplicar ninguna de esas medidas ni ninguno de esos instrumentos que tiene a su alcance, insiste, y que está dispuesto a utilizar, para impedir la celebración del referéndum y la declaración de independencia en Catalunya.

Es posible actuar en 24 horas

Los servicios jurídicos del Estado son el primero de los instrumentos que tiene el Gobierno para parar el referéndum, y a su juicio deberían ser suficiente. Desde hace años, esos servicios están vigilantes con cada declaración o documento que elaboran el Parlament o la Generalitat sobre el proceso independentista.

Unas veces esa vigilancia acaba en los tribunales o en la fiscalía, y otras sirve de alerta. Ha pasado con el texto del borrador de la ley de Transitoriedad. No ha tenido ninguna replica jurídica “porque no se peca con el pensamiento”, dicen en el Gobierno, pero ha dado armas a esos servicios jurídicos para saber por donde pretenden ir los independentistas y estar preparados. Si ellos quieren actuar en 24 horas, el Estado reaccionará en menos de ese plazo. Una cosa preocupa al Ejecutivo: que una declaración de independencia figure, aunque sea durante unas horas, en un documento oficial como puede ser el DOGC. Esto también lo estudian.

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