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El Gobierno ofrece su «colaboración» a la Comisión de Venecia y destaca la «importancia» de la Ley de Amnistía

La Comisión de Venecia en el Congreso


La Comisión de Venecia en el Congreso – ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS






MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) –

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha agradecido este jueves la visita a España de los miembros de la Comisión de Justicia, a los que ha ofrecido toda su «colaboración» a la hora de realizar su labor, consistente en recabar información sobre la Proposición de Ley de Amnistía.

Desde el Ministerio han destacado que se trata de una «gran oportunidad para explicar la importancia» de la ley, que busca «abrir una nueva etapa de entendimiento y su plena conformidad con la Constitución y el Derecho de la Unión Europea». «El Gobierno sigue trabajando en favor de la convivencia y la concordia en Cataluña», han apuntado.

Los miembros de la Comisión continuarán su ronda de encuentros con el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, con quien se reunirán a las 15.00 horas.

Una hora más tarde, a las 16.00 horas, pero en la propia sede del CGPJ, la comitiva se reunirá con las cuatro asociaciones judiciales. De esta manera, tanto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Demoncracia (JJpD), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) podrán trasladar sus puntos de vista al respecto a la comitiva.

Cabe recordar que la ley todavía está en el aire al no haber sido aprobada en el Pleno del Congreso la pasada semana y que está a la espera de que la Comisión de Justicia redacte un nuevo dictamen antes del 21 de febrero.

Fue el Senado quien pidió que este organismo consultivo del Consejo de Europa examinase la Ley de Amnistía, pensando que para estas fechas ya habría un texto aprobado por el Congreso, pero la decisión de Junts de desmarcarse del Gobierno en la segunda votación dejó todo abierto hasta después de las elecciones gallegas del 18 de febrero.

Los miembros de la delegación que se han trasladado a España son Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

MÁS REUNIONES

La Comisión de Venecia tiene previsto reunirse además entre el jueves y el viernes con miembros de grupos parlamentarios, pero también con representantes del Gobierno y con expertos constitucionales en el Centro de Estudios Constitucionales. Su objetivo no será «en ningún caso» entrar a valorar si el texto es o no constitucional, sino analizar si se garantiza la separación de poderes, según precisó el ‘popular’ Javier Maroto.

En el Congreso, donde aterrizarán también este jueves, la visita estará gestionada por la Comisión de Justicia, que es la que tramita la proposición de ley que presentó el PSOE tras su pacto con los independentistas. Es el mismo procedimiento que se siguió en 2014 cuando otra delegación de la Comisión de Venecia analizó la Ley de Seguridad Ciudadana del entonces Gobierno de Mariano Rajoy, conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’.

Además de la reunión con los grupos parlamentarios de la comisión, es posible que la visita incluya un encuentro institucional con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, dado que son enviados del Consejo de Europa.

UN FUNCIONARIO SIN RESPONSABILIDAD POLÍTICA

A quien no verán será al secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cuyo testimonio el PP veía muy relevante dado que su informe jurídico permitió tramitar la iniciativa. El letrado mayor recordó que es un alto funcionario que no tiene responsabilidad política en la ley, y la Mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, le eximió de comparecer ante la delegación europea.

Eso sí, el Congreso ofrecerá a la Comisión de Venecia toda la información que precie sobre la tramitación de la iniciativa, y ello incluye, si lo estiman pertinente, los dos informes jurídicos que se han redactado al respecto, uno al registrarse la iniciativa y otro cuando pasó a la comisión de Justicia.

En el primer informe, redactado por el equipo del secretario general, se advierten dudas de constitucionalidad en el texto del PSOE, pero no tan «palmarias» como para impedir su tramitación. En el segundo, hecho por las letradas de la comisión, se detallan esas sospechas de inconstitucionalidad, aunque se señala que habrá de ser el TC quien se pronuncie en su momento.

Por la tarde la delegación se desplazará al Senado donde será recibida por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, del PP, y se reunirá con los grupos parlamentarios que lo consideren.

INFORME LISTO PARA MEDIADOS DE MARZO O ANTES

La Comisión de Venecia dio a conocer que publicaría su dictamen a más tardar para su sesión plenaria del 15 y 16 de marzo, aunque podría incluso acortar ese plazo. Sobre la mesa tiene una segunda petición, presentada por el presidente de la propia asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, el socialista holandés Tiny Kox, para preparar un estudio más general sobre «los requisitos del Estado de derecho que una amnistía debe cumplir», que también deberá estar listo para mediados de marzo.

Las conclusiones de este órgano consultivo del Consejo de Europa no son vinculantes para los países miembro, pero es considerada una voz autorizada en materia de Estado de derecho, justicia y Derechos Fundamentales. Son precisamente sus estándares los que la Comisión Europea evoca en sus recomendaciones sobre Estado de Derecho cuando reclama a España la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y emprender, inmediatamente después, una reforma del sistema de elección de los vocales para que al menos la mitad sean elegidos por los jueces.

La Comisión Europea también está examinando la norma pactada por el PSOE con Junts y ERC, pero los servicios jurídicos de Bruselas no emitirán su opinión hasta que la ley haya cumplido su tramitación parlamentaria y adopte su forma definitiva, incluidas las enmiendas.